La Ley del Referéndum, un ataque a los catalanes

De una administración separatista como la catalana, y de sus cómplices antisistema, que han socavado los principios democráticos más elementales hasta corromper el sistema y sus equilibrios se podía esperar un proyecto de ley del referéndum de autodeterminación como el que se ha conocido sin encaje alguno en un Estado de Derecho homologable, que anula el Estatut y violenta la legalidad internacional sobre plebiscitos, según recoge el primer informe de los servicios jurídicos del Estado. En realidad, el texto de JxSi y la CUP supone una usurpación de los resortes electorales hasta suprimir todo atisbo de garantía democrática. Desde el concepto de norma suprema por encima de cualquier ordenamiento, sin posibilidad de ser recurrida ni escrutada por organismo jurisdiccional alguno, la nueva administración electoral catalana que alumbraría la norma estaría bajo el control de los grupos independentistas, y así controlarían la denominada sindicatura electoral, el censo, los espacio públicos e informativos y hasta dispondrían de un poder absoluto para imponer la colaboración de los ayuntamientos. Todo ello después de prescindir de la mayoría cualificada necesaria para aprobar proyectos de esta trascendencia y reemplazarla por la mayoría absoluta de la que ya disponen. Es una aberración totalitaria que no sólo contraviene los deseos de la inmensa mayoría de los catalanes, sino que atropella sus derechos y, por ende, su libertad. Por eso, el Gobierno está obligado a impedir que este proyecto autoritario salga adelante.