La ley frenará el «procés»

A medida que se acerca el final del plazo que se dieron los mismos separatistas catalanes, es preciso transmitir a la opinión pública, lógicamente inquieta, la absoluta seguridad de que las instituciones del Estado disponen de instrumentos legales más que suficientes para frenar cualquier ataque a la democracia española. Como recalcó ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la clausura de la Conferencia Interparlamentaria del Partido Popular, se hará cumplir la ley, sin levantar la voz y sin entrar en enfrentamientos estériles, como pretenden los extremistas. Si la estrategia política planteada por La Moncloa para hacer frente al desafío de la Generalitat, moderada en la forma y firme en el fondo, pudo suscitar dudas en un sector de los ciudadanos que exigían mayor contundencia, son pocos quienes ahora, llegados al final del proceso, no reconocen que la prudente actitud del Gobierno, negándose a caer en las provocaciones cada vez más descaradas de los portavoces nacionalistas, ha servido para desenmascarar el sectarismo y la falta de voluntad de diálogo de unos representantes públicos que han entregado la gobernabilidad de Cataluña al peor de los extremismos patrios. A la postre, si ha de quedar una sola imagen del «proceso», será la del espectáculo bochornoso de la descarnada manipulación partidista de la tragedia terrorista de Barcelona, que ejerció como aldabonazo sobre la percepción de la sociedad española. Porque, en realidad, han sido los propios separatistas quienes han hecho ver a las claras la inutilidad de las políticas de equidistancia y el absurdo de buscar el apaciguamiento con ofertas sin la menor virtualidad. Ni el más exquisito ejercicio dialéctico, caso de Podemos, puede disimular la falta de voluntad de entendimiento de quienes se pretenden correligionarios ideológicos. Llegados, pues, al momento de la certeza, que no es otra que la prevalencia de la Constitución y la Ley por encima de cualquier intento de destruir la unidad de España, los impulsores del absurdo secesionista tendrán que hacer frente a la realidad de su fracaso y a las inevitables consecuencias. Con el agravante de que los distintos grupos que integran el frente separatista llegan a un final del proceso plagado de contradicciones, como hoy revela LA RAZÓN, en el que es difícil deslindar las futuras intenciones de los protagonistas. Desde las últimas elecciones autonómicas, celebradas el 27 de septiembre de 2015, y presentadas por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, como «la consulta definitiva», hemos asistido a una ceremonia declarativa del nacionalismo, irritante y provocadora, si se quiere, pero que, a efectos prácticos, no ha conseguido articular acción alguna. Los intentos de forzar la legalidad han sido puntualmente frenados por los tribunales, hasta el punto de que a menos de treinta días de la fecha del referéndum, la Generalitat no puede disponer de urnas, censo o centros públicos de votación. Los funcionarios a su servicio, a quienes pretendían mantener en el engaño permanente, conocen sus responsabilidades y actuarán en consecuencia, y crecen las críticas internas, pese a las draconianas medidas tomadas por el presidente Carles Puigdemont, a exigencia de la CUP, contra cualquier discrepante. Por no hablar del caos «legislativo» al que se quiera someter a la Cámara autonómica, cuestionado por la propias instituciones encargadas de velar por el autogobierno. En estas circunstancias, donde las contradicciones no tienen vías aparentes de solución, no es de extrañar que los distintos protagonistas busquen salidas propias, atentos a sus intereses de partido ante la certeza del fracaso.