La lucha contra la corrupción, frente al oportunismo político

La noticia de que el juez Álvaro Martín ha citado a declarar en calidad de investigados el próximo 16 de marzo a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán ha sido saludada por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, como si fuera un éxito propio y la demostración palpable de que no hay más adalid en la lucha contra la corrupción que la formación política que él representa. Por supuesto, no se trata de quitar méritos a quien, con el reparto de escaños en la mano, puso como condición para respaldar al PSOE andaluz la renuncia a sus escaños de los dos históricos dirigentes socialistas, imputados, por cierto, en uno de los mayores escándalos de malversación de dinero público de la reciente historia democrática española. Pero si reconocemos la parte del mérito que le corresponde al líder de Ciudadanos, también es preciso señalar algunas evidencias que explican, aunque no justifican, su posterior y palmaria incoherencia en la materia que nos ocupa. Dejando a un lado las prevenciones lógicas ante un caso que todavía se halla en fase de instrucción, en el que debe operar la presunción de inocencia, la acción justiciera de Ciudadanos en la investidura de la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ejerció, ciertamente, sobre dos figuras históricas de peso en el PSOE, pero que ya habían sido políticamente amortizadas por la dirección de su partido. Dicho de otra forma, la exclusión forzada de Manuel Chaves y de Juan Antonio Griñán ya venía dada, precisamente, por la instrucción judicial abierta a raíz de la denuncia del Partido Popular sobre las irregularidades detectadas en Mercasevilla. Hoy, sin embargo, Albert Rivera ha firmado un acuerdo programático con el secretario general socialista, Pedro Sánchez, del que, a la vista de los hechos, se puede deducir que la exigencia de transparencia y limpieza de la actuación pública ha quedado en segundo plano en el ideario del partido naranja, sujeta a la conveniencia política. De lo contrario, la dirección de Ciudadanos debería haber exigido, con la misma contundencia que emplea para los casos que afectan al Partido Popular, la renuncia a sus cargos de representación tanto del secretario general de Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, como del alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, dado que ambos están inmersos en sendos procesos de malversación de fondos públicos y prevaricación. Pero, claro, ni Caballero ni Gómez Besteiro son políticos socialistas ya amortizados por el partido, especialmente el último citado, a quien el PSOE va a confiar la candidatura a las próximas elecciones autonómicas para el gobierno de la Xunta de Galicia. La lucha contra la corrupción no puede servir como arma arrojadiza en la lucha partidista ni, por supuesto, quedar a expensas del oportunismo político. Más aún en la situación actual de Albert Rivera, cuya entrega a las posiciones del candidato socialista acabarán por pasarle factura electoral. En este sentido, nada más significativo que la insistencia de Pedro Sánchez en hacer valer los cuarenta escaños obtenidos por Ciudadanos como si fueran propios, en una suma falaz con la que pretende superar los resultados del partido ganador. El fracaso de la investidura debería servir de advertencia al líder del partido naranja sobre el riesgo de entregar su libertad de maniobra y de elección a un pacto con los socialistas que, de momento, es fallido.