La mujer, en el corazón de la transición democrática

La gran transformación de la sociedad española en estos últimos cuarenta años está claramente representada por el papel que ocupa la mujer. Es un dato objetivo que, más allá de una cuantificación estadística apabullante, muestra el objetivo en toda sociedad libre de conseguir la máxima igualdad entre sus ciudadanos y, claro está, entre hombre y mujer. En las Cortes Constituyentes (1977-1979) sólo había 27 mujeres: 21 diputadas y seis senadoras de un total de 700 parlamentarios entre las dos Cámaras. En el actual Parlamento hay 139 mujeres, la máxima representación desde que se celebraron las elecciones del 15 de junio de 1977, lo que supone 39,4% de escaños. En contra del tradicional pesimismo hispánico –refugio de todos los conformistas o de quienes sólo buscan el menosprecio– que nos sitúa por debajo de los estándares europeos, España está a la cabeza de Europa en número de parlamentarias, cuyo nivel se sitúa en el 25%. El salto ha sido espectacular y no responde a ninguna artificiosidad política, sino a la vitalidad de una generación de mujeres que ha sabido hacer real lo que sólo era un artículo, el 14, en nuestra Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». En la comisión constitucional que preparó el texto del 78 sólo había una mujer entre 39 miembros, Teresa Revilla, que fue quien defendió la plena igualdad de género. En definitiva, la misma proporción que en 1931, con tres mujeres, Margarita Nelken, Victoria Kent y Clara Campoamor, esta última la única que participó en la comisión encargada de redactar la Carta Magna. Pero aquellas mujeres constituyentes del 77 dejaron su sello –aunque poco reconocido– y defendieron de manera muy determinada el contenido de artículos como el 27, referido a que «todos tienen derecho a la educación», haciendo cierto el ideario de entender la política como servicio y sin perder de vista los problemas cotidianos, del que carece la política hipermasculinizada. En el diario de sesiones de aquellos años han quedado discursos y textos muy elaborados con una gran sensibilidad hacia los más débiles, algo que nos debería hacer reflexionar en un momento en el que la política tiene visos de convertirse sólo en el arte de la comunicación. La igualdad no puede predicarse en abstracto, sino que debe basarse en relaciones jurídicas concretas, de ahí que sólo puede aplicarse desde leyes específicas. Aunque existe una Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (de marzo de 2007), debe ser desarrollada en el día a día a través de otras sectoriales, desde el Estatuto de los Trabajadores a la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ninguna mujer puede ser discriminada laboralmente, ni recibir un salario menor, ni impedir su contratación si está embarazada; nada de esto puede suceder, según nuestra legislación, pero sucede. Como apuntó ayer la presidenta del Parlamento, Ana Pastor, en un acto de homenaje a las mujeres que participaron en las primeras Cortes Constituyentes, queda mucho por hacer. «La desigualdad de las mujeres en política no es lo grave; lo grave es la discriminación en aquellas mujeres que no tienen independencia económica». La contribución de aquellas mujeres supuso un gran paso para nuestra democracia.