La pirueta inverosímil de Colau

La imagen de la Policía Municipal de Vitoria cumplimentando una orden judicial contra Anna Gabriel debería hacer reflexionar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sobre la falta de responsabilidad pública que supone alentar un acto ilegal que, no es posible disimularlo, deja a sus subordinados sin el respaldo de la autoridad política que ostenta su máximo responsable. Es, por supuesto, una más de las incongruencias de una mujer a la que no cabe reprochar falta de capacidad maniobrera, pero que demuestra una escasa vocación de claridad, que es lo mínimo que los electores deben exigir a sus representantes. No en vano, en el interior de la propia formación política que lidera Colau, se extiende la confusión ante el absurdo llamamiento a secundar una «movilización popular sin validez legal». En realidad, nos hallamos ante un mero ejercicio de cálculo político, que trabaja con un calendario mucho más dilatado que el que pueden permitirse los promotores del golpe antidemocrático en Cataluña, cuyo horizonte penal se vislumbra cada vez más nítido. Pero, si bien, es posible que la alcaldesa de Barcelona consiga eludir el riesgo de una inhabilitación judicial, está por ver que esa pirueta inverosímil proporcione los réditos que busca. Hasta ahora, Colau, que gobierna con el apoyo del PSC, la capital de Cataluña, ha podido jugar con la ambigüedad, conocedora de que los líderes del separatismo estaban obligados a hacer cualquier concesión, por humillante que fuera, con tal de que la decisiva capital del Principado, que es la segunda ciudad más poblada e influyente de España, no diera institucionalmente la espalda al referéndum ilegal. Puestos entre la espada y la pared, los dirigentes de la Generalitat se han avenido a firmar un acuerdo de colaboración con la edil barcelonesa, cuyos detalles se mantienen ocultos a la opinión pública, que mantiene la ficción del apoyo municipal a la consulta y que, al mismo tiempo, le ahorra a Colau los riesgos de una imputación penal por desobediencia y prevaricación, y los inconvenientes de enfrentarse al acoso de las CUP y de los sectores más extremistas de ERC, que son el objeto de deseo electoral del gran movimiento de extrema izquierda que quiere liderar Ada Colau para las próximas elecciones autonómicas y generales. En consecuencia, lo que vemos no es más que la proyección de una ambición política desmesurada, que pasa por encima de cualquier otra consideración. Porque una vez inhabilitados los principales dirigentes separatistas, una vez fracasado el referéndum, la vida pública catalana seguirá y exigirá nuevos protagonistas. Sí, puro cálculo de quien se protege de los inconvenientes judiciales y se presenta como candidata de amplio espectro. Por lo tanto, a nadie le puede extrañar que la alcaldesa de Barcelona figure junto a Carles Puigdemont y Carme Forcadell entre los firmantes de la oferta de negociación del referéndum que ayer hicieron llegar al Gobierno. En primer lugar, insistimos, porque la rúbrica de la misiva no supone incurrir en ilícito penal alguno y, en segundo lugar, porque se trata de un texto falaz, una exposición mentirosa desde la cruz a la raya, que no es nada extraño a quien, como Colau, representa una ideología sectaria, ducha en la manipulación demagógica de los hechos, en el aprovechamiento de las situaciones límite y volcada en la idea maniquea de la maldad intrínseca del adversario que caracteriza a la extrema izquierda antisistema española. Si algo podía firmar Ada Colau era, precisamente, ese texto artero. Es de esperar que la mayoría de la sociedad catalana no se dejará embaucar por este tipo de maniobras. En esta coyuntura se puede ser independentista o no. Lo que no se puede ser es nada.