La verdad se abre camino

El ruido político suele ir en detrimento de la razón judicial. Quienes atizan la bronca partidaria y el chapoteo de la insidia no se sienten cómodos cuando los jueces y los fiscales toman protagonismo. Un procedimiento judicial está reglado, no permite extralimitaciones y tiene un alcance político relativo en función de sus conclusiones, mientras que los juicios paralelos, sumarísimos e inquisitoriales, tan comunes estos días, resultan discrecionales y arbitrarios, lo admiten todo y suelen ser de gran y pronta eficacia en el desgaste del adversario. Cuando los tribunales, con sus tiempos particulares y cansinos, entran en acción, estamos más cerca de la verdad judicial, que es la única definitiva e importante. La operación desatada en torno a la supuesta contabilidad paralela del Partido Popular está camino de desmoronarse como un castillo de naipes. Los acusadores han sido incapaces de ir más allá del efectista discurso de la difamación. Los alfileres que sujetaban la versión fotocopiada se desprenden ante la falta de pruebas con que mantener esa presunta culpabilidad. Las confesiones del propio Luis Bárcenas y, más importante, los pronunciamientos de la Justicia se han alineado con la versión del PP. Hoy, el ex tesorero declarará ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la supuesta contabilidad «B» del PP. Lo hará después de que confirmara el pasado lunes que el supuesto cuaderno publicado no existe ni ha existido, que la letra de las anotaciones no es la suya, que está dispuesto a someterse de forma voluntaria a todos los análisis caligráficos necesarios y que no dio sobres a los dirigentes del Partido Popular. El juez Pablo Ruz, el instructor del «caso Gürtel», que ha citado a Bárcenas el día 25 en relación con sus cuentas en Suiza, apuntó también ayer que no existen indicios de que esas cuentas tengan relación con esa supuesta financiación opaca. El vuelco en el caso es evidente. Ni los manipuladores ni las tergiversaciones ni las algaradas en las sedes del PP han demostrado la eficacia de otros tiempos en los que fueron capaces de lograr réditos políticos mientras se tomaban las calles y se rodeaban las sedes populares. El tiempo no ha pasado en balde para ellos. Llegados a este momento, luz y taquígrafos y nada de cierres en falso o componendas. Es obligado, por salud democrática, que se llegue hasta el final en el esclarecimiento del proceso desestabilizador y se depuren responsabilidades. Por tanto, que cada palo aguante su vela desde la verdad judicial y las pruebas, y también en los procesos de amnistía fiscal. El ministro Montoro aseguró en el Congreso que nadie «puede beneficiarse de la regularización fiscal a través de terceros». Está claro. Toca que Hacienda impida a toda costa que implicados en procedimientos judiciales se aprovechen de la confusión o de recovecos intolerables para lograr ventajas que la opinión pública no entendería.