Legalidad y diálogo, la única opción de la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció en un discurso en el Parlament de Cataluña del pasado 6 de octubre la convocatoria de un referéndum en septiembre de 2017, y lo proclamó pese a las sentencias contrarias y las advertencias del Tribunal Constitucional. En esa sesión hubo algo nuevo: por primera vez, se ponía encima de la mesa –y en sede parlamentaria– realizar una consulta independentista unilateral. Estas dos resoluciones han sido ahora suspendidas por unanimidad por el TC, en aplicación directa del artículo 161.2 de la Constitución, que especifica que, cuando el Gobierno impugna alguna norma aprobada por una comunidad autónoma, ésta quedará suspendida de manera automática. ¿Qué pasará ahora? Como era de esperar, y como confirmaron horas después, los líderes independentistas han anunciado su desobediencia, una reacción comprensible, pues éste es el combustible necesario para mantener vivo el «proceso». Por más disparatado que sea, el Gobierno de la Generalitat tiene muy claramente trazado su plan: el objetivo inmediato es la celebración, el próximo día 23, de la llamada «cumbre por el referéndum». No es la primera sentencia del TC que anula una iniciativa emprendida desde el Parlamento catalán que aboga abiertamente por la ruptura de la legalidad, y la respuesta ha sido la misma. La reacción inmediata, como era de esperar, ha sido desafiar a las instituciones del Estado con el incumplimiento de la Ley. La actitud de la Generalitat es de una insensatez palmaria, al basar su estrategia en perpetuar su enfrentamiento con el Estado, evitando la responsabilidad penal, aunque provocando a los tribunales de Justicia. Es la estrategia del «choque de legitimidades». No olvidemos que los partidos independentistas actúan como si dispusieran de la mayoría parlamentaria y social, cuando, según los sondeos oficiales, no superan el 50 por ciento de apoyos. Es decir, la mitad de la sociedad catalana dice «no» al plan soberanista, de ahí que necesite ampliar su base social provocando a las instituciones del Estado y buscando de esta manera la «solidaridad» de los no nacionalistas. Por lo tanto, el «proceso» sigue tan bloqueado como desde que empezó: no ha conseguido ni uno de sus esperados aliados internacionales y su estrategia de enfrentamiento frontal contra el resto de España ha demostrado conseguir los objetivos contrarios a los que persiguen. El Parlamento de Cataluña, con los votos de Junts pel Sí –la coalición creada entre la ex Convergència y ERC– y los antisistema de la CUP, cometió el gravísimo error de aprobar el 9 de noviembre de 2015 –por sólo 72 votos frente a 63– la proclamación del inicio del proceso de independencia, situándolo abiertamente fuera de la legalidad, y que fue anulada inmediatamente por el TC. El Alto Tribunal advierte en su sentencia de ayer a la presidenta del Parlamento, además de a los miembros de la Mesa, y al de la Generalitat de que es su deber como cargos públicos «impedir o paralizar» el cumplimiento de la sentencia del TC, con consecuencias de «eventuales responsabilidades, incluida la penal». La Generalitat no debería enrocarse en una posición sin salida, siguiendo, además, el peligrosos camino que le ha trazado la CUP y sus grotescas quemas de fotos del Jefe del Estado. Hay un ofrecimiento claro y constructivo por parte del Gobierno de la nación para dialogar y no lo debería desaprovechar.