Legitimidad constitucional para moderar y arbitrar por el bien común

España se encamina de nuevo hacia fechas decisivas para poner fin a los seis meses de provisionalidad política, con un Gobierno en funciones y la estrategia de bloqueo mantenida por los partidos perdedores desde las elecciones de diciembre hasta la fecha. Ahora, la nueva aritmética parlamentaria concede una segunda oportunidad para que los grupos asuman sus responsabilidades para con el país y la ciudadanía y actúen con la altura de miras necesaria en función de la encrucijada que tenemos planteada como nación. Las circunstancias internas y externas no son las más propicias para que se prorroge esta situación anómala mucho más tiempo. Por supuesto, el horizonte de unos terceros comicios generales sería una debacle y conviene que todos lo tengamos claro para que no se relativicen las consecuencias de tal eventualidad. La encrucijada presente, con las reformas estructurales pendientes, el crecimiento económico y la creación de empleo por consolidar y la crisis del Brexit no soportan nuevas exhibiciones de tacticismos partidistas ni cambalaches oportunistas. Por lo visto y oído a los líderes políticos en público en las últimas horas, la salida de este laberinto en el que nos encontramos desde diciembre no está clara. Salvo el presidente del Gobierno, ganador de las elecciones, nadie parece estar decidido a dar un paso al frente pero sí a participar de una monumental ceremonia de la confusión. Las partituras de los perdedores en junio, que fueron los mismos que hace seis meses, suenan hasta la fecha bajo acordes conocidos, con ligeras variaciones que veremos hasta dónde llegan. Es cierto que algo parece moverse en Ciudadanos, pero su determinación y su alcance están por concretarse y, en todo caso, todo dependería de la postura que adoptaran finalmente los socialistas. Llegados a un escenario de colapso, de obstruccionismo alevoso y tendencioso por parte de quienes tendrían en su mano posibilitar el único Gobierno factible con Mariano Rajoy en la presidencia –lo que obviamente no deseamos–, que no es una opción que se pueda descartar a día de hoy, hay quienes giran de forma natural la vista hacia el Palacio de la Zarzuela y evalúan y se plantean las posibilidades del Rey en todo ese fenomenal embrollo. Lo cierto es que en estos meses de interinidad política Don Felipe ha desarrollado una labor impecable con un cumplimiento estricto de cada uno de los pasos que la Carta Magna le señalaba. Se ha mantenido prudente y a la distancia que el proceso y las circunstancias demandaban. Ha estado en su sitio y ha recibido por ello un elogio más que justificado. Es cierto que las cosas son ahora diferentes a lo que fueron a partir de diciembre y que se podría conformar un panorama de excepcionalidad institucional si el veto a Rajoy enquistara la situación hasta extremos insospechados. Hablamos, claro, de cábalas, pero cábalas del todo factibles. En este punto, cabe recordar que la Constitución especifica que el Rey es árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones. Se trata, claro, de desempeñar esa función amparada en su «auctoritas», en la dignidad y prestigio de la Corona, más que en una «potestas» muy limitada. Llegado el caso, ese poder armónico podría promover entendimientos por un bien superior. En cualquier caso, Don Felipe, la Corona, sabrá manejarse como hasta ahora con el único propósito de servir de la mejor forma posible al interés de los españoles.