Los intereses generales obligan a Sánchez a apearse del «no»

Nada indica que de la reunión de la Ejecutiva socialista vayan a surgir otras propuestas que no sean las de mantener el actual bloqueo político y la absurda pretensión de que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se presente a una sesión de investidura fallida, lo que, a menos que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tenga una agenda oculta, sólo conduciría a la repetición de elecciones. En este sentido, la hipótesis de que el PNV –como insisten los socialistas– facilite el camino a Rajoy no deja de ser un ejercicio de voluntarismo, no exento de malévola intención, por parte de quien, hasta ahora, ha sido el mejor aliado y sostén de los nacionalistas vascos en el Gobierno regional y en las diputaciones forales. El hecho de que las elecciones autonómicas en las Vascongadas estén próximas explica, pero no justifica, que el PSOE trate de distanciarse de sus socios nacionalistas, a los que, de pronto, descubre como rancios derechistas. Ciertamente, la posición de los socialistas no es fácil y sería injusto no reconocer que cualquiera de las dos opciones que se abren ante ellos –provocar el fracaso de otra legislatura o facilitar la formación de un gobierno del Partido Popular– supondrían un coste político para el conjunto del partido y, por supuesto, para su secretario general, hasta el punto de poner en seria discusión su continuidad al frente de la primera formación de la izquierda española. Pero también es cierto, y así debería reconocerlo el propio Pedro Sánchez, que si el PSOE se halla frente a este incómodo dilema es, fundamentalmente, a causa de sus malos resultados electorales, los peores sin discusión en toda la reciente historia democrática de España. A falta de un proceso de análisis y de autocrítica profundo que permita al socialismo español identificar las causas de su decadencia y ponerle remedio, la dirección del Partido Socialista se limita a insistir en su táctica de criminalización global del PP y en la exageración catastrofista de la situación social del país sin advertir –por lo visto en las últimas citas electorales– que la mayoría de los ciudadanos guardan memoria de los numerosos casos de corrupción que afectan desde antiguo al PSOE, así como de los errores de gestión cometidos ante el estallido de la crisis financiera internacional. Sin embargo, la cuestión de la gobernabilidad de España no admite muchas más dilaciones. El mismo hecho de que en la reunión del Comité Ejecutivo socialista se vayan a tratar asuntos como la fijación del techo de gasto público, esencial en la futura política de financiación autonómica, demuestra que también el PSOE comprende la urgencia de acabar con este periodo de interinidad gubernativa. Una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado –por más que desde algunos sectores se insinúe cínicamente que ayudaría a cumplir con los objetivos de déficit público que nos exige Bruselas– supone un freno al proceso de crecimiento de la economía y puede dejar baldío el esfuerzo hecho por la sociedad española. En definitiva, que los intereses generales obligan a Pedro Sánchez a facilitar la única opción de gobierno razonable, la que representa Mariano Rajoy –que, por otra parte, ha sido el ganador claro de las últimas elecciones–, por más que reconozcamos la dificultad de tomar una decisión que puede poner fin a su carrera política si no actúa con habilidad, mostrando que es un ejercicio de responsabilidad y asumiendo el liderazgo de la oposición.