Los Mossos, una policía manipulada

Los Mossos d’Esquadra se vieron obligados a cargar con dureza contra manifestantes convocados por la CUP, los CDR y otros grupos radicales que querían impedir por la fuerza un acto a favor de la Constitución en Gerona en el que iban a participar el PP y Vox, convocatoria que, por otra parte, contaba con la debida autorización. Ante las primeras críticas surgidas desde la propia Generalitat y de todo el independentismo, el jefe del cuerpo policial autonómico se ha visto obligado a defender el dispositivo como «correcto y adecuado», frente a lo que consideró un «ataque organizado». Un total de 15 agentes y tres manifestantes resultaron heridos, lo que indica la violencia que emplearon estos grupos. Lo inaudito es que el propio responsable político del cuerpo, el consejero de Interior, Miquel Buch, no sólo no haya salido en defensa de la actuación policial, sino que diga que «no corresponde a una policía democrática». Como no puede ser de otra manera, el presidente de lo que queda de la Generalitat, Joaquim Torra, ha dado un ultimátum a Buch para que depure responsabilidades, un gesto que sobrepasa lo exigible a cualquier político serio y digno: él fue el que animó a los CDR a «apretar», es decir, a usar la violencia. Por lo tanto, nada nuevo. La respuesta de los sindicatos no se ha hecho esperar y son ellos los que han pedido la dimisión del consejero de Interior, denunciando, además, la politización e instrumentalización de los Mossos al servicio del «proceso». Este es, en definitiva, la situación en la que la Generalitat ha sumido a un cuerpo de 17.000 efectivos, cuya profesionalidad nunca se había puesto en duda hasta que se convirtió en una pieza necesaria para la ejecución del golpe contra la legalidad democrática. La situación abierta es grave y confirma el deterioro de las instituciones catalanas y, en este caso, el de la que debe mantener el orden público en una comunidad movilizada hasta la extenuación y en la que las acciones violentas son aceptadas como un cinismo insoportable: son muestras de la libertad de expresión. Desde los hechos del 1-O el prestigio de los Mossos está en entredicho: ya no es la policía de todos los catalanes, sino sólo la de los independentistas. No olvidemos que la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de un delito de rebelión al que fuera mayor de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero, y le pide una pena de 11 años de cárcel alegando que fue una «pieza clave» para «llevar a cabo el plan secesionista». La confusión y la manipulación son de tal calibre que el propio Buch se atribuye la autoridad para definir quién es «fascista» y quién «antifascista» y, en función de ello, actuar represivamente, bien a través de los Mossos o permitiendo que lo hagan los CDR. A eso se ha llegado. De ahí que se acepte como normal que se realicen escraches a políticos que consideran «fachas», como al candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls, acción que tuvo el vergonzoso apoyo de la alcaldesa Ada Colau; que actúen en la universidad con el consentimiento de los rectores; o que reiterativamente intenten asaltar el Parlament dejando indefensos a los Mossos para no molestar a los independentistas más radicales de la CUP. Hay que llamar la atención sobre una deriva abiertamente totalitaria por parte del nacionalismo catalán, temerario juego al que se ha sumado Podemos. Tras las elecciones andaluzas, Pablo Iglesias llamó a salir a la calle para protestar por el ascenso de Vox, pero también –no lo olvidemos– deslegitimando unos resultados que no le fueron favorables. Salieron a la calle y quemaron contenedores. Se acepta como normal la dialéctica de los «puños» (y de las «pistolas»). En definitiva, lo que la CUP, los CDR y el independentismo totalitario quieren es actuar con absoluta impunidad porque, así lo proclaman, «las calles siempre serán nuestras». La misión de los Mossos d'Esquadra es impedirlo.