Luz al final del túnel

En contra de los pronósticos de la mayoría de las agencias de calificación, de las entidades de estudio financieras, del Fondo Monetario Internacional y de la propia Comisión Europea, el déficit público español se ha situado en 2012 en el 6,7 por ciento del PIB, sólo cuatro décimas por encima del objetivo planteado por las autoridades monetarias de la UE. Es una buena noticia sin paliativos, por más que desde algunos sectores de la oposición se trate de desnaturalizarla con el argumento, en cierto modo falaz, de que el Gobierno no ha contabilizado el impacto del saneamiento bancario, olvidando que se trata de una medida «one off», es decir, que se produce una sola vez y que, por lo tanto, no se suma al déficit general, tal y como se acordó con la Unión Europea. Es una buena noticia, además, porque se partía de un déficit del PIB del 9,4 por ciento en 2011, sólo superado por Irlanda, y porque se ha producido en uno de los momentos más difíciles y complejos de la economía española, con el paro desbocado, el consumo interno en caída libre y la desconfianza instalada en los mercados financieros internacionales. Y es una buena noticia, también, porque en términos estructurales deja el déficit español en el 3,5 por ciento del PIB, dato alentador que descuenta las circunstancias excepcionales del año que acaba de terminar. Ayer, en la sesión de control del Congreso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recordó que no había precedentes en la OCDE de que un país hubiera acometido una reducción similar y quiso dejar patente que el esfuerzo había correspondido al conjunto de la sociedad española. Es un reconocimiento necesario porque en muchas ocasiones los ciudadanos, a falta de resultados inmediatos, caen en el desánimo de creer que los sacrificios son estériles. No, los datos apuntan a una salida más pronta de la crisis, para finales de este año, con repercusión favorable en el empleo. De ahí que, pese a la insistencia de la oposición socialista, sea imprescindible mantener la actual política económica impulsada por el Gobierno en sus dos grandes líneas: consolidación fiscal y reformas estructurales. En esta larga batalla, España sólo saldrá adelante si se mantiene la constancia y se desembarazan las estructuras del Estado de aquellos condicionamientos fraguados a lo largo del tiempo y que lastran su eficacia. Y la prueba de que se va por el buen camino está en las reacciones de nuestros socios en la Unión Europea, para quienes el «problema español» ha dejado de figurar entre las cuestiones prioritarias. De hecho, mientras Italia se debate en la indefinición política, en Bruselas ha dejado de ser un anatema plantear una dulcificación de las condiciones y plazos de ajuste previstos para España.