Mas, bajo el imperio de la Ley

La apertura del nuevo Año Judicial, que hoy preside Su Majestad Don Felipe VI, es un buen momento para repasar con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el alcance de una labor de renovación legislativa y procesal de las más amplias que ha acometido la democracia española en las últimas décadas. Más aún cuando se trata de una parte sustancial en el gran programa de reformas que ha impulsado el Gobierno de Mariano Rajoy que, en parte, ha quedado oscurecida por la postura del principal partido de la oposición, que ha optado por recurrir al simplismo de los eslóganes, como el de «la ley mordaza», en un absurdo frentismo que elude llegar al fondo de la cuestión y tratar desde el rigor y la voluntad de entendimiento asuntos del más vivo interés para la sociedad española. Y no valen las excusas de rigor sobre un supuesto Ejecutivo ajeno al diálogo cuando, sólo por citar el ejemplo de la reforma del Código Penal, se han admitido a trámite más de 400 enmiendas parciales de los partidos opositores o como el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana, inclusa en el ámbito del Ministerio del Interior, que ha ido precedida por los pertinentes informes del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Estado. Tal vez, una mayor colaboración del PSOE en reformas ineludibles como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde el ya muy lejano 1882, hubiera permitido acelerar el proceso y, cuando menos, dejar planteados algunos consensos de futuro sobre el cambio de la instrucción penal que, por su trascendencia, debería estar por encima de los intereses de partido. Es, exactamente, lo ocurrido con el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en cierto modo condicionada por el calendario impuesto por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pero que, en cualquier caso, era imprescindible acometer. Como explica el ministro Rafael Catalá en su extensa entrevista con LA RAZÓN que hoy publicamos, se había constatado desde hace tiempo que el Tribunal Constitucional carecía de los instrumentos legales para hacer ejecutivas sus resoluciones. Éste era un defecto que las circunstancias del desafío separatista catalán hacían preciso resolver en el menor tiempo posible. Pero no es una reforma finalista, es decir, no se detiene en el asunto de la rebeldía o la desobediencia de Artur Mas, sino que es una reforma general. Puede discutirse el procedimiento de urgencia elegido, pero no es de recibo la reacción socialista ante una cuestión que tiene mucho más fondo que forma y que, además, dota al Estado de mejores medios para reconducir el problema, sin necesidad de apelar al Código Penal o a la compleja aplicación del artículo 155 de la Constitución. Artur Mas está bajo el imperio de la Ley, pero hay que dotar a sus servidores de los mejores instrumentos para aplicarla.