Mayoría contra la «Ley Aído»

El Gobierno socialista reformó radicalmente la legislación sobre el aborto que lo despenalizaba en tres supuestos con el pretexto de que era un coladero y no hacía frente al problema con eficacia. Desde luego, al PSOE no le faltaba razón en que la normativa vigente desde 1985 no impedía el abuso y la trampa a las que recurrían las clínicas abortistas para engordar su negocio sin apenas limitaciones. Pero en vez de poner remedio al fraude, los gobernantes socialistas atendieron a las exigencias de las feministas radicales y a los intereses comerciales de los centros abortistas, de modo que elevaron a categoría de derecho (sólo de la mujer) la interrupción del embarazo y lo liberalizaron durante las 14 primeras semanas de gestación, plazo que además podría ampliarse en determinados casos. La impulsora del cambio, la ministra Bibiana Aído, garantizó que con su ley descendería sensiblemente el número de abortos. Naturalmente, era una falacia. Los datos demuestran todo lo contrario: el último año en que estuvo vigente la anterior legislación, el 2009, el número de abortos fue de 110.000; en 2011, ya con la nueva ley, la cifra ascendió a 118.000. Lo que confirma la opinión de los expertos de que en la mayoría de los casos se recurre al aborto como mero método anticonceptivo. Precisamente porque consideraba que la ley socialista era muy negativa para la mujer y que chocaba frontalmente con la doctrina constitucional que garantiza la protección y el derecho a la vida del no nacido (nasciturus), el PP la recurrió ante el Tribunal Constitucional e incluyó en su programa electoral la propuesta de modificarla, que es el proyecto del ministro Ruiz-Gallardón. Pero no se trata solamente de cumplir una promesa electoral, sino de atender a la opinión de la mayoría de la sociedad, que nada tiene que ver con el feminismo radical. Según el sondeo que publicamos hoy, el 45,2% de los encuestados cree que la «Ley Aído» es un coladero y el 55,4% opina que está orientada al negocio de las clínicas privadas. Como es de sentido común, el 81% considera que una menor no puede abortar sin consentimiento paterno y el 69,8% aboga por que la ley proteja al nasciturus. Otros datos son que el 69,2% opina que se debe reforzar la evaluación médica sobre los embarazos de riesgo y el 45,6% rechaza el llamado aborto eugenésico o por discapacidad del feto. La conclusión es que la mayoría de la opinión pública no se ha dejado engañar por la retórica feminista del PSOE, de ahí que un 54% de los preguntados sea partidario de una ley de supuestos, no de plazos, o que apoye sin reserva reforzar la objección de conciencia de los médicos. Sin olvidar otro dato ilustrativo: el 49,8% de los encuestados está persuadido de que el aborto descendería drásticamente con un programa de ayuda a la embarazada con problemas, sobre todo víctimas de maltrato.