Montoro, obligado a rectificar

Nadie había puesto en duda la diligencia del Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, en la labor de control de las cuentas de la Generalitat de Cataluña, incluso, si las investigaciones judiciales en curso revelaban presuntos desvíos de fondos públicos para sufragar los gastos del referéndum ilegal separatista. Se entendía que, dentro del ejercicio de profunda deslealtad llevado a cabo por las autoridades del Gobierno catalán, era perfectamente posible que se hubieran producido falsificaciones de facturas, interposición de testaferros o contratos bajo denominaciones confusas, precisamente, para eludir la fiscalización ministerial. De ahí que no sea fácilmente entendible la postura del ministro Montoro, que insiste en desautorizar la instrucción del Tribunal Supremo, al menos, en lo que se refiere a la averiguación de los delitos de malversación. Si lo que pretendía el titular de Hacienda es salvar su responsabilidad y la de sus funcionarios, ha elegido la peor de las opciones, puesto que ha situado en el punto de mira de la opinión pública la eficacia del trabajo desarrollado por su departamento, una vez que los informes de la Guardia Civil, muy detallados, dan cuenta del posible desvío de unos dos millones de euros, con los que, supuestamente, se pagaron las campañas publicitarias y los gastos de material de la organización del falso referéndum, desde urnas y papeletas, hasta los gastos de viaje de los «observadores», efectuados tanto en España como en el extranjero. Los indicios recogidos por la Benemérita, que obran en poder del magistrado Pablo Llarena, también señalan el presunto desvío de fondos a través de las subvenciones públicas que reciben los grupos parlamentarios catalanes, así como la utilización de la asociación separatista Omnium Cultural como «empresa pantalla». Es decir, que las vías de financiación de la consulta del 1 de octubre pudieron ser múltiples y no estar sujetas a la supervisión de los funcionarios de Hacienda. Por lo tanto, es legítimo preguntarse en qué datos se basó el ministro de Hacienda para asegurar con rotundidad que no se había desviado «ni un céntimo» de dinero público para la celebración del referéndum, afirmación no sólo arriesgada, por aventurada, sino gravemente dañina para los intereses generales de España y la credibilidad de nuestro sistema judicial. Afirmación, insistimos, que torpedea el relato procesal por el que se ha instado a Alemania, Bélgica y Reino Unido a aceptar la euroorden contra los dirigentes separatistas huidos de la Justicia y que, además, proporciona un argumento de autoridad a la defensa de los golpistas. Con todo, lo peor es el empecinamiento del ministro Montoro en mantener su aseveración, pese a que su propio secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, no sólo ha admitido que pudo haber un uso «no correcto» de determinadas infraestructuras y espacios públicos por parte del Gobierno autónomo catalán, sino que el Ministerio de Hacienda tuvo que introducir progresivamente «controles extraordinarios» a medida que el desacato de la Generalitat iba creciendo. A la espera de la necesaria rectificación del ministro Montoro, aunque sólo sea por un mínimo principio de precaución, será la instrucción judicial en marcha la que tenga la última palabra y la que, en sus conclusiones, habilitará o no la demanda de responsabilidades políticas al titular de Hacienda. Mientras, la intención expresada por Ciudadanos de pedir la comparecencia parlamentaria de Cristóbal Montoro nos parece simplemente orientada a la búsqueda de rédito electoral. La politización de un caso que está bajo investigación judicial, como señaló ayer la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, sería igual de contraproducente.