Nadie saldrá impune del «procés»

A tenor de las invectivas y afirmaciones que salpican el discurso de los candidatos separatistas en estos primeros compases de la campaña electoral catalana sólo cabe una conclusión: que el independentismo se mantiene aferrado a una realidad paralela a la que los hechos, por muy evidentes y contundentes que sean, no hacen mella alguna. Tal vez, la caricatura tan cara a los nacionalistas de una España negra y dictatorial, que apenas ha disfrazado los resabios franquistas, opera con tanta fuerza en su imaginario mental que son incapaces de discernir sus propias mentiras y obrar en consecuencia. La mera insistencia en reclamar al Gobierno la libertad de unos «presos políticos» que lo son en virtud de la decisión de un juez demuestra, más allá de lo que supone de insulto a la democracia española, su incomprensión de lo que significa un Estado de derecho como el nuestro en el que rige la separación de poderes y en el que los magistrados son, por definición, independientes, inamovibles y predeterminados. Si sería entendible, aunque en modo alguno aceptable, el uso de la demagogia para consumo de electores poco avisados, queda fuera de todo raciocinio que las mismas personas que están emplazadas ante la Justicia para dar cuenta de unos actos de suma gravedad vivan el autoengaño de una supuesta impunidad. Hoy, LA RAZÓN, al dar cuenta de los avances de la instrucción judicial que lleva a cabo el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, adelanta la más que probable inclusión de nuevos procesados por responsabilidad directa en el proceso separatista –desde la convocatoria del referéndum ilegal a la declaración unilateral de independencia–, en el que ya están imputados una veintena de dirigentes políticos nacionalistas, con cuatro de ellos en prisión provisional. Se trata de la actual candidata a la Generalitat por ERC, Marta Rovira; de la ex portavoz de las CUP, Anna Gabriel, y de algunos ex funcionarios del Gobierno que presidió Carles Puigdemont, como Josep María Jové y Josep Lluis Salvadó, a quienes la investigación judicial sitúa como piezas clave en el frustrado golpe contra la Constitución. Todos ellos formaban parte del núcleo duro del llamado «comité estratégico», organismo clandestino montado por la Generalitat para organizar y dirigir el proceso secesionista, que es objeto en estos momentos de una cuidadosa investigación. Si bien la sustanciación de las acusaciones y, por tanto, de las medidas cautelares que pueda adoptar el magistrado instructor, no serán públicas hasta pasada la cita electoral del 21 de diciembre, –en lo que será la única concesión al momento político por parte del juez y de la Fiscalía–, todo indica que serán imputados por el mismo delito de rebelión que el resto de los procesados. No habrá, no puede haberla, impunidad alguna para los responsables del grave ataque a la Constitución y a la soberanía de los españoles. Porque con independencia de las conveniencias políticas o del equilibrio de fuerzas parlamentario, una vez que la Justicia ha tomado cartas en el asunto, y esto es lo que los separatistas y algunos otros no parecen entender, el procedimiento penal sigue su curso de acuerdo a sus propias normas y, por supuesto, a su particular «tempo» procesal. El horizonte penal de muchos de los actuales dirigentes del nacionalismo catalán no es, precisamente, diáfano y harían bien en aceptar la realidad de los hechos y, sobre todo, en reconocer su responsabilidad en todo lo ocurrido en Cataluña. Porque no se ataca impunemente a una de las democracias más avanzadas del mundo.