No hay chantaje que valga

La Razón
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El Grupo Popular del Congreso ha actuado con buen criterio al rechazar la comparecencia del presidente del Gobierno por el «caso Bárcenas». Ninguna institución democrática que se precie, empezando por la sede de la soberanía nacional, debe aceptar que su agenda la determine el chantajista de turno, no presuntos delincuentes encarcelados. Si el PSOE y la izquierda radical quieren sumarse a la estrategia política-judicial de un defraudador de Hacienda, allá Rubalcaba y los suyos. Pero sería inaceptable que el primer gobernante de la nación bailase al son de un personaje que está siendo investigado por la Justicia por múltiples delitos. Ya en su día, cuando se publicaron las fotocopias de una supuesta contabilidad del PP, Rajoy dio cumplidas explicaciones. E hizo más: colgó en internet sus declaraciones fiscales de los últimos diez ejercicios y las de su partido. Ningún otro dirigente político ni ningún otro partido le han secundado. Ellos sabrán por qué y, aunque están en su derecho de no publicar las cuentas, deberían al menos abstenerse de dar lecciones sobre transparencia. Nada sería más nefasto para la recuperación económica que un gobierno «secuestrado» por las oscuras maniobras que un recluso pueda urdir, un día sí y otro también, para escapar a su destino judicial. Luis Bárcenas parece imitar la estrategia de otro reconocido evasor de impuestos, Diego Torres, quien ha marcado la instrucción judicial y la agenda mediática del «caso Nóos» mediante la publicación por goteo de correos electrónicos sin autentificar y con la indulgencia complacida del juez Castro. El ex cajero también pretende someter a presión constante y diaria a algunos dirigentes de su antiguo partido y, sobre todo, a su presidente. Y es evidente que no se parará en barras ni ahorrará mentiras. Alguien que le ha ocultado la verdad incluso a su propio abogado defensor no se puede ganar el privilegio de un desmentido oficial en sede parlamentaria. Como es natural, habrá medios de comunicación que le sigan el juego, pero cabe esperar que el juez Ruz no permita que contamine la instrucción judicial. Si Mariano Rajoy no estuviera al frente del Gobierno de la nación, tendría seguramente más libertad de movimientos para hacer frente al chantaje. Pero se debe a sus responsabilidades institucionales, las primeras de las cuales son combatir el paro, reactivar la economía y completar el mayor proceso de reformas que nadie haya puesto en marcha desde los años 90. Otra cosa es que los demás dirigentes del PP, empezando por su secretaria general, no rehúyan el envite, que colaboren activamente con el juez, que refuten de forma rápida y contundente las patrañas de Bárcenas y que transmitan seguridad a la militancia y a todos los ciudadanos.