Normalidad constitucional

El Congreso de los Diputados, en votación pública y por llamamiento nominal, aprobó ayer la Ley Orgánica de abdicación de Su Majestad Juan Carlos I, norma que permitirá la sucesión en la Corona de su hijo, el Príncipe de Asturias, futuro Felipe VI. Se trataba de un acto legislativo imprescindible, de hondo contenido histórico y político, en un Estado que se define constitucionalmente como una Monarquía parlamentaria y en el que la soberanía de la nación reside en el conjunto del pueblo español. La ley ha recibido el respaldo de 299 diputados, pertenecientes a los dos principales partidos de la Cámara, PP y PSOE, y a las formaciones UPyD, UPN y Foro. Es decir, el 85,4 por ciento del total de los representantes electos en el Congreso han refrendado la propuesta legislativa del Gobierno, frente al 5,4 por ciento de los que votaron en contra y el 8,9 por ciento que se abstuvo o se ausentó. Para quienes desde la izquierda radical pretenden arrogarse la representación de una supuesta mayoría popular republicana, el resultado debería llevarles, cuando menos, a una reflexión sobre los principios de la legitimidad democrática, que sólo surge de las urnas, y al reconocimiento de que sus posiciones no cuentan, ni por asomo, con el respaldo de la mayoría social. Sin embargo, y pese a que la votación de ayer en el Congreso –precedida de dos muy buenas intervenciones parlamentarias a cargo, respectivamente, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba– venía resuelta por la toma de posición previa de las mayorías parlamentarias, los portavoces de las minorías radicales no dudaron en adulterar el significado de la sesión, en un torpe intento de proyectar demagógicamente un debate sobre la forma política del Estado, que no está en cuestión. En este sentido, la intervención del presidente del Gobierno no podía ser más clarificadora del momento trascendental que estamos viviendo, con la sucesión en la Jefatura del Estado de la democracia española, enmarcada dentro de la más absoluta normalidad constitucional. Con la misma claridad se expresó el secretario general del PSOE al exponer la postura de un partido de conocidas preferencias republicanas, pero que ni se considera incompatible con la monarquía parlamentaria ni está dispuesto a romper el pacto constitucional sobre el que se sustenta la convivencia de los españoles. En estos momentos de creciente ruido populista y en el que proliferan profetas del estalido social, conforta la reafirmación de los líderes de los dos grandes partidos en la Constitución y las leyes como garantía de la libertad y la democracia y que, en el caso de Alfredo Pérez Rubalcaba, supone una brillante rúbrica a una carrera política que se ha significado por su concepción de servicio al Estado.