Objetivo: Desgastar a Rajoy

Tras la declaración como testigo de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional el pasado 26 de julio, los grupos de la oposición, encabezados por PSOE y Podemos, solicitaron la comparecencia del presidente del Gobierno en sede parlamentaria. No les bastó su exposición –también mediática–, por lo que pidieron la convocatoria de un pleno extraordinario. A un mes de la cita judicial de Rajoy, plantear de nuevo una comparecencia sobre el «caso Gürtel» hace difícil ocultar sus verdaderas intenciones. Por lo tanto, comienza el curso político de la misma manera como término: situando a Rajoy ante los focos. Pero en este periodo de tiempo han pasado desgraciadamente cosas importantes: los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils y, tras ellos, el redoblamiento de la ofensiva independentista en Cataluña y la presentación de la «Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república», supuesta norma que, de hecho, es la declaración unilateral de independencia. Pero la oposición ha creído conveniente empezar el curso con el mismo guión con el que terminó, como si nada hubiera pasado. La inoportunidad de la cita se ha demostrado evidente, tanto por el hecho de inaugurar el calendario parlamentario sobre un tema que ya ha sido abordado en sede parlamentaria en numerosas ocasiones, como por no tener en cuenta otras cuestiones más importantes en estos momentos. En tres horas exactas de sesión no se aportó ningún dato más a lo ya expuesto en la declaración como testigo de Rajoy ante la Audiencia Nacional, como no pudo ser de otra manera, ya que es un asunto judicializado y cualquier nuevo elemento sería tenido en cuenta. Por lo tanto, poco más podía añadir el presidente del Gobierno a lo aportado el 26 de julio. Pero este, claro está, no era el objetivo. El «caso Gürtel» es la mejor munición, la única, con la que cuenta el actual líder socialista, Pedro Sánchez, para desgastar a Rajoy, como demostró su empeñó personal en esta comparecencia: fue el primer acuerdo alcanzado con Pablo Iglesias tras su vuelta a la Secretaría General del PSOE. Limitar toda la tarea de oposición a la misma cuestión bajo la idea de que por encima de los resultados positivos que está teniendo el Gobierno en materia económica el relato que debe imperar es el de un país víctima de la una corrupción masiva comporta riesgos. Si la responsabilidad política exigida por una parte de la oposición es la dimisión, lo correcto en los «sistemas constitucionalistas modernos» es la moción de censura. Rajoy invitó a la oposición a ejercitarla de nuevo, después de la encabezada por Iglesias el pasado 14 de junio. Por una vez, a la «responsabilidad» se le da una forma concreta, sobre todo cuando la dimisión exigida es evidente que se sostiene por el exclusivo motivo de conseguir lo que por las urnas, en tres ocasiones seguidas, no se ha conseguido. Mal criterio el de los socialistas querer volver a La Moncloa –si Podemos lo permite– sin conseguir una victoria electoral clara. No es lo más aconsejable propiciar un vuelco en el Gobierno en el momento más crítico del desafío independentista con una mayoría que, por lo que seguimos sabiendo tras la reunión de aire conspirativo entre Iglesias y Junqueras, sólo es la búsqueda de apoyos mutuos para futuros gobiernos en La Moncloa y la Generalitat. En definitiva, el «caso Gürtel» está judicializado; hay varias piezas abiertas, algunas en instrucción y otras en juicio oral; y en el Congreso funciona una comisión de investigación, aunque con escasos resultados. Por lo tanto, el pleno extraordinario de ayer sólo sirvió para desgastar a Rajoy, aun sin lograrlo. Se ha malgastado la oportunidad de abrir el curso parlamentario reclamando unidad para dos verdaderos desafíos: la amenaza yihadista y el plan de ruptura con la legalidad de la Generalitat.