Omisión y cobardía

Hace 17 años, el edificio que albergó en el barrio barcelonés de Sants el hospital de los trabajadores del metropolitano, luego cedido como sede sindical y, posteriormente, en desuso, fue ocupado por colectivos radicales de izquierda y convertido en Centro Social Autogestionado ante la pasividad de las autoridades municipales socialistas que, sin embargo, demostraban un celo digno de mejor causa a la hora de aplicar reglamentos, tasas e impuestos a los ciudadanos y comerciantes respetuosos con las leyes. La situación se mantuvo con CiU, hasta que hace poco más de un año, impelidos por la afección urbanística de la ampliación ferroviaria, la empresa pública titular del inmueble, presidida por el primer teniente de alcalde de Barcelona, presentó ante el Juzgado una demanda de desalojo que fue atendida. El propio Ayuntamiento pidió la ejecución de la sentencia y, cumplida con intervención policial, procedió al preceptivo derribo del edificio. Hasta aquí los hechos que, despojados de cualquier consideración ideológica, no descubren otra cosa que una decisión legal adoptada por un Ayuntamiento elegido democráticamente y avalada por un juez. Pues bien, ayer el alcalde de la Ciudad Condal, Xavier Trias, tras cuatro noches de violencia y vandalismo por parte de los colectivos okupas, ha decidido paralizar el derribo, escudándose en la necesidad de dar más tiempo al diálogo con unos energúmenos que se niegan, simple y llanamente, a acatar las resoluciones judiciales y las normas de convivencia y que, dicho sea de paso, niegan al Ayuntamiento barcelonés y a su alcalde cualquier legitimidad negociadora. No sólo se repite lo sucedido en el barrio burgalés de Gamonal, donde una clara minoría, como demuestra el hecho de que el PP haya sido el partido más votado en ese barrio en las últimas elecciones, se impone a las instituciones democráticas por medio de la violencia, sino que se da pábulo al mensaje de la deslegitimación de la autoridad y la democracia parlamentaria que propalan los sectores de la izquierda radical. Con el agravante, también en el caso de Barcelona, de que formaciones políticas representadas en las instituciones se decanten por apoyar a los antisistema, justificando la violencia, en un inicuo ejercicio de populismo y demagogia. Tanto los cauces de la participación política de los ciudadanos, como los derechos de expresión y manifestación, perfectamente establecidos en nuestro Estado de Derecho, están muy lejos de tolerar el vandalismo y las exacciones de las minoría fanatizadas. Pero si los encargados de hacer respetar las leyes y las normas de convivencia, si los que han sido investidos de la legitimidad de las urnas renuncian a su deber, es el marco democrático en su conjunto el que sufre la peor de las agresiones. Trias se ha equivocado gravemente y su error tendrá consecuencias en las próximas elecciones municipales.