Otra sentencia sobrevenida

El Tribunal Europeo de Justicia ha anulado el impuesto finalista a los hidrocarburos, conocido «céntimo sanitario», que la mayoría de las comunidades autónomas españolas aplicaron a partir de 2002, hasta que fue incorporado a la tributación general especial de los combustibles, en 2013. Independientemente de las consideraciones del Tribunal para declarar contraria al derecho comunitario una medida fiscal, por otra parte, profusamente utilizada en los distintos países de la UE, la sentencia adquiere trascendencia por cuanto obliga al Estado a devolver todo el dinero recaudado por este tributo, que los propios jueces cifran en unos 13.000 millones de euros, aunque la obligación no prescrita sólo sería una cuarta parte de ese montante. En todo caso, una cantidad muy considerable, que imputada directamente a las autonomías afectadas podría dar al traste con el esfuerzo de control presupuestario de estos dos últimos años. Aunque la Corte europea reconoce los perjuicios ciertos de la retroactividad de su resolución para la reducción del déficit público español, se justifica en una supuesta «mala fe» de España, que habría mantenido el impuesto en vigor, pese a las dudas expresadas por Bruselas. Estamos, de nuevo, como en el caso de las ayudas a la industria naval, ante una situación sobrevenida, no tanto por la supuesta incompetencia punible de la Administración española, sino por la reiterada incoherencia y falta de criterio unificado de la Comisión Europea a la hora de aplicar la reglamentación comunitaria. Empieza a ser demasiado frecuente que los dictámenes previos de la CE, como el que dio luz verde en 2002 al «céntimo sanitario», tras la preceptiva consulta del Gobierno, sean tumbados años –cuando no décadas– después por unos tribunales europeos, cuya porverbial lentitud hace de la Justicia española un prodigio de celeridad. Pero no es tiempo de lamentaciones sobre la leche derramada, sino de ver la mejor manera de cumplir la sentencia sin que afecte negativamente al déficit fiscal, por más que, previsiblemente, las devoluciones se limiten a los profesionales del transporte por carretera, ya en vía judicial. Sobran pues, los amagos de manipulación política por parte de la oposición, y mucho menos si estos vienen del PSOE, que mantuvo vigente el tributo recusado durante sus dos últimas legislaturas. Tampoco es de recibo que la mayoría de comunidades autónomas afectadas, que son las que han administrado los ingresos del «céntimo sanitario» e impuesto su cuantía, pretendan trasladar la responsabilidad al Estado. Parece claro que es a ellas a quien corresponde imputar el gasto, aunque sea el Gobierno quien centralice, por operatividad, las devoluciones. Pero cuanto antes se tenga un cálculo, aunque sea aproximado, del montante a restituir, antes se podrán articular las medidas más adecuadas.