Para entregar las armas ETA sólo tiene que avisar a la Guardia Civil

La manipulación mediática de los arsenales de ETA no puede tratarse como una cuestión menor, reducida al campo de la propaganda política, como dan a entender las últimas declaraciones de los portavoces del nacionalismo vasco y de Podemos, al parecer, más preocupados por salvar la imagen de los terroristas que por demandar la disolución definitiva de la banda. Si nos ceñimos al campo de la propaganda, hace mucho tiempo que han quedado claros los objetivos de la izquierda abertzale, que buscan una reinterpretación de la historia que equipare a las víctimas y a sus verdugos en un plano de enfrentamiento «entre iguales». No hay, pues, novedad alguna en el planteamiento ideológico ni en los medios utilizados, que se resumen en el patético intento de emular otro proceso de paz con «buena prensa». Asimismo, que la izquierda radical española se apunte a las tesis del mundo abertzale, con olvido intencionado de unos hechos que supusieron la mayor amenaza a la que tuvo que enfrentarse nuestra joven democracia para conseguir asentarse y convertirse, a la postre, en una de las más avanzadas de Occidente, sólo nos habla de la grave carga sectaria que lastra a quienes lideran el partido de Podemos y sus confluencias, por más que se trate de justificar en el oportunismo electoral. Pero, como señalábamos al principio, la búsqueda por parte de las Fuerzas de Seguridad de los arsenales etarras, en tanto la banda se niegue a entregarlos, es una tarea de la máxima importancia, no sólo porque significa asegurar un armamento que puede volver a utilizarse por quien sea, sino porque de su análisis y revisión por parte de la Policía científica pudiera esclarecerse alguno de los 300 asesinatos de ETA que permanecen sin autoría conocida, amén de proporcionar información inestimable sobre el origen de las armas y explosivos y las redes de tráfico y comercio ilícito en las que se aprovisionaba la banda terrorista. El propio ministro del Interior francés, Bruno Le Roux, tuvo que recordar a aquellos que se manifestaban el sábado en Bayona –en protesta por las detenciones de quienes custodiaban las armas intervenidas– que «nadie está legitimado para destruir armas de ETA, sobre todo porque pueden constituir pruebas para la resolución de actos graves, incluso atentados». Ayer, por supuesto, la Justicia francesa mantenía las órdenes de detención sobre los cinco individuos implicados en la supuesta operación de destrucción y sellado de las armas, acusados, entre otros delitos, de «asociación de malhechores». Todos ellos están vinculados desde hace muchos años al movimiento separatista vascofrancés, que ha prestado apoyo de todo tipo a ETA y los movimientos terroristas galos, aunque ahora se inclinen por la defensa medioambiental. En definitiva, que en los cinco años transcurridos desde que la banda etarra anunciara el final de la violencia ni se ha entregado arma alguna a las Fuerzas de Seguridad ni se ha dado algún caso de colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los crímenes cometidos. Al contrario, se trata de imponer un «borrón y cuenta nueva» totalmente imposible en un Estado de Derecho. ETA fue derrotada por la firmeza de la sociedad española, el sacrificio de las víctimas y la impagable labor de las Fuerzas de Seguridad, pero, también, porque se supo aplicar la Ley: nada más que la Ley, pero toda la Ley. Y ese principio sigue tan vigente hoy como hace cinco años.