Pleno respaldo de Bruselas

En contra de los augurios más pesimistas, ni Bruselas abrirá un procedimiento sancionador contra España por las cuentas del 2012 ni impondrá para el presente ejercicio unas condiciones draconianas o que el Gobierno no tuviera ya previstas. Por el contrario, el informe de la Comisión Europea supone un respaldo pleno al programa de reformas puesto en marcha por Mariano Rajoy y coincide en casi su totalidad con los planes de actuación que el propio Ejecutivo español envió a Bruselas hace varias semanas. Para hacer más explícito ese respaldo, las autoridades comunitarias han relajado dos décimas más de lo previsto, hasta el 6,5% en lugar del 6,3%, el objetivo de déficit para este año, lo que supone un alivio adicional de dos mil millones de euros. Un simple vistazo al decálogo de consejos y recomendaciones de la Comisión basta para cerciorarse de que todos ellos ya fueron avanzados por Rajoy en el Congreso. Empezando por el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones, sobre el que ya está trabajando un grupo de expertos para ajustar su cálculo a la esperanza de vida. Lo mismo cabe decir de la revisión del plan de empleo y de la reforma laboral, sobre los que el Gobierno ha desplegado un vasto arsenal legislativo. Ni siquiera suponen novedad las recomendaciones de que se cree un organismo presupuestario independiente en este mismo año, que se liberalicen los colegios y servicios profesionales, que se reordene el sector eléctrico y se enjuegue el déficit de tarifa, que se revise de arriba abajo la Administración local o que se garantice más eficazmente la unidad de mercado. Todo ello forma parte del paquete reformista anunciado por Rajoy hace meses, algunos de cuyos capítulos están ya muy avanzados y otros en fase de desarrollo. El único punto de la agenda de Bruselas que, sin ser tampoco novedoso, supondrá mayor incomodidad para el Gobierno es el tributario, pues supondría subir al 21% el IVA de determinados productos y servicios que ahora soportan un tipo reducido; y añadir a los carburantes otro impuesto más, de naturaleza medioambiental. Aunque Rajoy dispone de un año para tomar la decisión, no será un trago de gusto. Por lo demás, cabe subrayar que los únicos recortes que exige la Comisión son la factura farmacéutica en hospitales y la supresión de la indexación del gasto público al IPC, medidas muy razonables que no convendría desatender. En suma, se puede afirmar con objetividad que el Gobierno de Rajoy ha superado el examen de Bruselas con notable alto y que la credibilidad de España como un país serio que cumple sus compromisos ha salido muy reforzada. Llega, además, en un momento oportuno, cuando la OCDE dibuja un horizonte más pesimista y no escasean los ataques interesados a nuestra solvencia para salir de la crisis.