Por responsabilidad social

Si algún dato muestra los efectos devastadores de la crisis económica con total claridad, es la existencia de entre 400.000 y 450.000 parados que desde hace seis meses dejaron de percibir cualquier tipo de ayuda. Más datos: 1,78 millones de hogares tienen a todos sus miembros fuera del mercado de trabajo y 2,74 millones son desempleados de larga duración. Ayer se dio un paso importante con la firma de un pacto para tres años entre sindicatos (CC OO y UGT), patronales (CEOE y Cepyme) y Gobierno, ya queque se asegura el subsidio a los parados de larga duración y que hayan agotado la prestación. Esta ayuda económica será de 426 euros mensuales, lo que supondrá un gasto de entre 1.000 y 1.200 millones, al que habrá que sumar recursos para poner en marcha el plan de formación e inserción laboral dirigido a los perceptores de estas ayudas, que podrán mantenerse durante seis meses y ser compatibles con trabajos por cuenta ajena. Mariano Rajoy se ha tomado como una apuesta personal y una prioridad de su Gobierno el pacto social firmado, el primer gran acuerdo que se alcanza con los agentes sociales en sus tres años de mandato. Puede decirse sin triunfalismos que el «giro social» que se ha anunciado queda plenamente materializado, pero, insistimos, sin regocijarse en una medida que era necesaria, que nunca dejó de ser prioritaria para el Gobierno y que se ha podido ejecutar en el momento en que las condiciones de recuperación lo han permitido. Rajoy lo dijo ayer en el acto de firma del acuerdo: «La recuperación no será completa hasta que no llegue al bolsillo de los ciudadanos». Al margen de los problemas que tiene nuestro país en la estructura del mercado laboral, con un alto índice de parados, no es lo mismo, como ayer señaló el presidente del Gobierno, que se destruya empleo a que el desempleo se haya reducido en más de 500.000 personas al año, o incluso que haya crecido la afiliación a la Seguridad Social en 400.000 en un año. La tendencia es buena. Hablar de Gobierno «antisocial», como le ha acusado la izquierda, es pegadizo pero poco riguroso, porque los servicios públicos y sociales, a pesar de los recortes, han seguido funcionando. Los sindicatos pueden defender haber llegado con la patronal y el Gobierno a un buen acuerdo, como así han hecho, a diferencia del alcanzado con el último gabinete socialista, que supuso retrasar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años. Es decir, no hay gobiernos «antisociales» –excepto aquellos que abiertamente lo declaran–, sino la oportunidad de hacer políticas sociales sostenibles. El ministro de Economía, Luis de Guindos, habló ayer de que la previsión de crecimiento de nuestra economía será del 2% para el 2015. Lo importante, por tanto, es que la recuperación sea en beneficio de todos.