Por un futuro laboral

El dato más preocupante de la crisis económica que está sufriendo España es muy claro: la tasa de desempleo juvenil está en el 57%, situándonos entre los países con más menores de 25 años sin trabajo, mientras en el conjunto de la Unión Europea se sitúa en cerca del 24%. Más de 26 millones de personas están hoy día sin empleo en la UE, de los que 5,5 millones son jóvenes menores de 25 años, lo que significa que uno de cada cinco jóvenes europeos en el mercado laboral no encuentra trabajo. En estas circunstancias, era necesario tomar medidas extraordinarias que estimulasen la contratación y desbloquearan una situación que afecta a una generación que ya no sólo se va a encontrar temporalmente fuera del mercado laboral, sino que supone un grave problema social y humano al no estar mínimamente cualificada para desempeñar algunas tareas. La Unión Europea puso en marcha hace un año, a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, un presupuesto comunitario extraordinario de 6.000 millones de euros para desarrollar el plan conocido como Garantía Juvenil y que para España supondrá 1.887 millones. El Gobierno bonificará durante medio año a las empresas que contraten de forma indefinida a jóvenes apuntados al sistema de Garantía Juvenil con 300 euros al mes de descuento en las cotizaciones a la Seguridad Social, siempre y cuando se mantenga seis meses esa relación laboral. Así se establece en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia aprobado ayer en el Consejo de Ministros y en el que se regula el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El objetivo de este nuevo sistema es que los jóvenes mayores de 16 años y menores de 25 que no estén estudiando ni formándose puedan recibir una oferta de empleo, educación, formación de aprendiz o prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleadas. Es una medida estratégica para el Gobierno de Mariano Rajoy, que defendió su importancia ante la UE, y cuya puesta en marcha coincide con un cambio de tendencia en la economía española en la que ya se apunta un crecimiento. En este contexto, el Gobierno aprobó este viernes varias medidas para dinamizar el comercio, como la reducción de los trámites para abrir un establecimiento o la ampliación de ciudades, hasta diez en total, obligadas a liberalizar horarios por su dependencia con el sector turístico, una medida que ha sido bien recibida tanto por las grandes superficies, como por el pequeño comercio. En estas medidas de impulso a la economía hay que destacar la rebaja fiscal a autónomos cuyos ingresos sean inferiores a 15.000 euros anuales –y que supongan más del 75% de la suma de sus rendimientos– verán rebajadas las retenciones por IRPF del 21% al 15% desde hoy.