Presupuestos: el PSOE, otra vez ante el reto de la estabilidad

Por tercera vez consecutiva, el Gobierno tendrá que afrontar una reducción del techo de gasto a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2017, que estará en torno a los 3.500 millones de euros. Pero más allá de las cifras exactas que, en estos momentos, manejan los ministerios de Hacienda y Economía, lo cierto es que si España quiere cumplir los compromisos de consolidación fiscal adquiridos con Bruselas –que implica no sobrepasar el 3,1 por ciento de déficit sobre el PIB– tendrá que abordar un ajuste presupuestario cercano a los 16.000 millones de euros. Por supuesto, no todo girará en el campo de la reducción del gasto público, puesto que se mantienen las previsiones de crecimiento económico y, por ende, de la mejora del mercado de trabajo y del consumo interno, pero lo más probable es que estos mayores ingresos del Estado no lleguen a colmar la brecha deficitaria. Si bien el nuevo Gobierno va a dar la batalla en Bruselas para conseguir mejores condiciones, hay obligaciones que ya no admiten nuevos retrasos, entre otras cuestiones, porque ya hemos sido objeto de una primera multa impuesta por la Comisión Europea, que, aunque aplazada, condiciona la capacidad de decisión del Gobierno. Valga este largo preámbulo para resaltar no sólo lo inevitable de acometer la consolidación fiscal pendiente, sino que se trata de una realidad que ni el Gobierno ni los partidos de la oposición pueden soslayar. Como sería a todas luces absurdo que el Parlamento rechazara los nuevos presupuestos, forzando, de hecho, el final de la legislatura y una nueva convocatoria electoral, lo que pondría en grave riesgo la actual senda de recuperación económica, hay que confiar en que la voluntad de acuerdo político prevalezca sobre los intereses partidistas de los distintos grupos que integran el Congreso y que las cuentas públicas puedan aprobarse dentro de los plazos previstos. Al Gobierno, que está en minoría, le corresponde negociar unas cuentas públicas lo más consensuadas que sea posible, pero la oposición está obligada a no imponer condiciones de gasto irrealizables en las actuales circunstancias de consolidación fiscal. Por supuesto, hay que dar por descontado que las formaciones radicales de izquierda, como Podemos y sus mareas, y los partidos separatistas del mismo ámbito mantendrán un rechazo frontal a las propuestas del Gobierno, dentro de lo que viene siendo habitual en su política de confrontación total con el Partido Popular. Pero existen en el Parlamento otras fuerzas, a las que se supone dotadas de mayor sentido de Estado y de la realidad, con las que el Gobierno podría contar. Nos referimos, por supuesto, a Ciudadanos, con quien se ha firmado el pacto de legislatura, y a Coalición Canaria. También al PNV y a la antigua Convergencia, que ya en otras ocasiones han contribuido a mantener la estabilidad presupuestaria del Estado. Pero si la dinámica nacionalista condicionara negativamente el pacto, tendría que ser una vez más el PSOE el que, con la negociación de sus enmiendas o con la abstención, propiciara la estabilidad. No es una decisión fácil para un partido que está sufriendo una crisis interna y que busca redefinir sus posiciones. Sobre todo, cuando es objeto de la demagogia más zafia por parte de quienes aspiran a desalojarle como referente de la izquierda. Pero, con seguridad, la sociedad española entenderá como un servicio a los intereses comunes la contribución del PSOE a la gobernabilidad.