Presupuestos para relanzar España

Hacer de la necesidad virtud es uno de los recursos más socorridos en la pugna política y, ayer, tuvimos un buen ejemplo en la reunión informal que mantuvo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los periodistas que cubren la actividad parlamentaria en el Congreso. Explicó el ministro que la nueva realidad internacional de España ha dejado obsoleta la creencia de que un Gobierno no puede funcionar sin los Presupuestos, ya que en el contexto económico de la Unión Europea y el euro se puede afrontar la gestión vía decretos ley, siempre y cuando se cumplan con las previsiones de los cuadros macroeconómicos pactados con Bruselas. En consecuencia, que no pasa nada si hay que volver a prorrogar los presupuestos, una vez que se tengan claros el techo de gasto y los objetivos de déficit. Por supuesto, no vamos a caer en la ingenuidad de reclamar a nuestros políticos, tanto al ministro de Hacienda, que todavía no ha presentado su proyecto presupuestario, como a los dirigentes de los partidos de la oposición, que tengan la altura de miras necesaria para abordar desde el compromiso y el pacto una labor que, pese a las nuevas «circunstancias internacionales», se antoja de la mayor importancia para el bienestar de los ciudadanos. Especialmente por el buen momento que atraviesan las grandes economías mundiales, que España debería aprovechar para profundizar en su programa de reformas, estimular el crecimiento y, en definitiva, dar un impulso decisivo al PIB, que es tanto como garantizar una mejor calidad de nuestro Estado de bienestar. Para conseguir este objetivo, que es de suponer que comparten todos los representantes parlamentarios, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son un instrumento fundamental, que no debería ser tomado como el rehén habitual de la táctica partidista. Tal vez, podemos convenir en la inutilidad de apelar a un cambio de actitud en los partidos populistas de la izquierda o las formaciones nacionalistas catalanas, inmersas en su desafío al Estado, pero no parece, en principio, un desiderátum que el principal partido de la oposición, cuyos planteamientos en políticas económicas y sociales son ahora prácticamente indistinguibles de las que mantienen las formaciones del centro derecha, se aviniera, siquiera, a iniciar una negociación con el Gobierno. Y nada hay que explicar de la insólita posición que están adoptando Ciudadanos y el PNV, que no hace un año acordaron los PGE, y que ahora buscan excusas para desgastar al Ejecutivo de Mariano Rajoy, tal vez con la vista puesta en un adelanto de elecciones, a caballo de las encuestas. En cierto modo, asiste la razón al ministro de Hacienda cuando plantea –como alternativa al bloqueo político de las cuentas públicas– una batería de reales decretos con los que obtener los créditos extraordinarios con que hacer frente a gastos inaplazables, como la subida de los sueldos de los funcionarios y la equiparación salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que no podrían abordarse de otra forma. No sólo la prórroga presupuestaria está prevista por la Ley, sino que facilita al Gobierno el cumplimiento de nuestras obligaciones con la Unión Europea en materia de reducción del déficit público, aunque sólo sea porque ya no se aplicarán las rebajas fiscales que había negociado el partido de Albert Rivera. Sin embargo, dudamos mucho de que detrás de las desenfadadas explicaciones del ministro de Hacienda haya falta de voluntad para intentarlo. Aunque el calendario se echa encima, todavía hay tiempo para sacar adelante unos PGE que se adecúen a la mejora de la situación económica de España y aprovechen los buenos vientos que soplan para impulsar el crecimiento. Lo demás, es un parche indeseado.