Puigdemont debe liberar a Cataluña del chantaje de la CUP

El espectáculo ofrecido ayer por los diputados autonómicos de la CUP en la misma sede del Parlamento de Cataluña es un acto de desacato flagrante a las decisiones judiciales y una burla muy grave al ordenamiento jurídico español –además hecho con publicidad–, que no es posible tolerar so pena de poner en entredicho la autoridad de jueces y magistrados y el imperio de la Ley en una parte del territorio español. Porque no se trata de una acción más contra las instituciones del Estado y los principios constitucionales a las que nos tienen acostumbrados los «cupaires», sino de una jactancia en el delito, que demuestra a las claras la sensación de impunidad con la que actúan estos individuos. Si en ocasiones se puede admitir que los tiempos judiciales no se acompasen a los hechos, en ésta estamos ante un delito «in fraganti», retransmitido en directo por las televisiones que hubiera merecido, al menos, la rápida intervención de la Fiscalía o de las propias Fuerzas de Seguridad, en su calidad de Policía judicial, no con la finalidad de dar un escarmiento, sino de restaurar el bien jurídico atropellado. Sin renunciar, en modo alguno, a la inteligente política, basada en el exquisito respeto a la Ley y a los procedimientos judiciales, que ha desarrollado el Gobierno de la Nación frente al desafío de los separatistas catalanes, cabría preguntarse si el Ejecutivo debería actuar con mayor contundencia cuando se producen actos de clara rebeldía como el protagonizado ayer por los diputados antisistema, que, sin duda, provocan perplejidad e indignación a la mayoría de los ciudadanos. Por otra parte, esta manera de actuar por parte de unos representantes electos, más obligados si cabe a cumplir y hacer cumplir las leyes, les deslegitima a ellos, pero, asimismo, a las formaciones políticas nacionalistas que mantienen acuerdos de legislatura con la CUP y que, si bien de manera menos ostentosa, también hacen bandera del desprecio a las normas constitucionales. Aunque sólo fuera por propio interés, la Generalitat de Cataluña debería desvincularse sin ambages ni paños calientes de un grupo que alienta la insurrección institucional y la desobediencia a las órdenes judiciales de los agentes de la Policía autonómica catalana, por más que la aritmética parlamentaria les haya concedido la llave en la aprobación de los Presupuestos. Puede que someterse a la extorsión de la CUP proporcione algo de tiempo al presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, pero a medio plazo sólo servirá para reforzar a la izquierda independentista de ERC en detrimento del centro derecha nacionalista que representaba la desaparecida Convergencia. Si Puigdemont cree que los «cupaires» se contentarán con un remedo de referéndum que, además, no se va a convocar, se equivoca. Con el agravante de que una nueva crisis política, que obligara a adelantar las elecciones una vez más, no sólo repercutiría negativamente sobre el conjunto de la sociedad catalana, sino que acabaría, tal como señalan las encuestas, por convertir a su partido en un actor irrelevante. Carles Puigdemont tiene, sin embargo, una elección mucho más lógica y beneficiosa para el futuro de Cataluña como es la de aceptar la mano tendida del Gobierno de Mariano Rajoy y sentarse a negociar, dentro del marco constitucional, todo lo que crea conveniente. Por el contrario, ir de la mano de la CUP sólo lleva al desastre.