Puigdemont no puede jugar con la justicia a su antojo

El pasado 30 de agosto, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, inauguraba la «embajada» de Cataluña en Copenhague. Fue la última en abrir del total de siete delegaciones en el extranjero –aunque en los presupuestos de 2016 se dotaron los fondos para llegar a las 17– y el gobierno danés prefirió dar la espalda al acto y no verse implicado con lo que a todas luces era un acto de propaganda a favor de la independencia en el que se iba alardear de las «estructuras de Estado». Dinamarca ha ocupado un papel importante en la estrategia de «internacionalización del proceso». Con una población que no llega a los seis millones de habitantes, Artur Mas llegó a definir a Cataluña como la «Dinamarca del Mediterráneo»: moderna, desarrollada y siempre defendiéndose de las incursiones del sur que quería vivir a su costa. Un detalle que no dejan escapar es que Groenlandia, una región autónoma de Dinamarca, celebrará un referéndum de autodeterminación este año. De ahí que la elección del país nórdico para el arranque de la diplomacia del «legítimo presidente en el exilio» –está anunciado que Puigdemont dé hoy una conferencia en Copenhague–, no es casual. Tampoco es extraño, por lo tanto, que la Fiscalía anunciase ayer que pedirá «inmediatamente» que se active la orden internacional de detención. Su finalidad no es otra que el instructor de la causa por malversación, sedición y rebelión en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, active la euroorden de detención y entrega. En este caso, en el momento en el que fuera retenido o detenido por la justicia danesa, Puigdemont podría solicitar el voto delegado, en virtud del mismo auto en el que el Supremo se lo concedió a Junqueras, que habla de «incapacidad legal» en una situación de «prisión preventiva». En el caso del ex president no le permitiría moverse del territorio y podría agarrarse a eso, por lo que el Supremo no prevé dictar la euroorden. Entendemos que en la decisión de la Fiscalía General del Estado ha pesado la evidencia de que el viaje de Puigdemont a Dinamarca no tiene más objetivo que persistir en el delito y en la difusión de un mensaje que abunda en los mismos motivos por los que es investigado en la Audiencia Nacional. El ex presidente de la Generalitat, fugado desde el 30 de octubre para eludir la Justicia española que le investiga por dichos motivos, ha diseñado una estrategia que no tiene más misión que la desestabilización de España, difundir una imagen distorsionada de nuestra democracia y perjudicar los intereses nacionales con infundios, mentiras e inculcando una ideología llena de odio. No hay más estrategia. Puigdemont alargará la ficción de que debe ser investido presidente de la Generalitat bajo el criterio de que debe volver al cargo del que fue apartado por la aplicación del artículo 155. No sólo es imposible que su candidatura pueda votarse sin estar presente, sino porque el supuesto delirante de que podría gobernar Cataluña desde Bruselas porque las nuevas tecnologías lo permiten, volvería a situarnos en un escenario de total ilegalidad. O aún peor. Hay que impedir que Puigdemont pueda viajar por Europa difundiendo su mensaje supremacista, sin importarle el futuro y el gobierno de los catalanes y poniendo por delante sus propios intereses a los generales. Sabe que su futuro pasa por responder ante la Justicia.