Púnica exige un pacto contra la corrupción

Las 13 horas de grabaciones de la declaración de David Marjaliza, presunto cerebro de la trama Púnica, ante el juez retratan el grado de penetración de las prácticas corruptas en varios municipios madrileños y el aura de impunidad que parecía beneficiarlos. Según su relato, fruto del acuerdo con la Fiscalía que le permitió salir de prisión, el 98 % de las viviendas protegidas en España se adjudicaban entonces previo pago de comisiones a los ayuntamientos. La parte más trascendente de las palabras de Marjaliza fue que la trama pagó a prácticamente todos los partidos políticos para que saliesen adelante sus operaciones urbanísticas. La confesión es la de alguien que estaba en el epicentro de esa organización corrupta, si bien es cierto que las acusaciones carecieron del sostén documental suficiente y que su colaboración con la Justicia no fue gratuita. En cualquier caso, su testimonio incidió en algo que la realidad ya había constatado por mucho que la izquierda pretenda presentarse como una opción inmaculada, y es que la corrupción no tiene color político. Por eso, a los partidos se les debe calibrar, además de por su compromiso con la ética y la decencia, por su capacidad para responder de forma ejemplar a una actuación indebida. Su deber es colaborar con la Justicia, llegar hasta el final de una sospecha y depurar responsabilidades, si las hubiera. Siempre con respeto a la presunción de inocencia y repudio de los procesos inquisitoriales. Y, por supuesto, alcanzar el pacto político contra esa lacra que la opinión pública espera.