Rajoy, frente al separatismo

Con independencia del resultado que arrojen las urnas en Escocia –que en el momento de redactar este editorial votaba masivamente en el referéndum secesionista–, se pueden constatar la profunda división creada en la sociedad británica y el error de partida que supuso por parte del Gobierno de Londres aceptar el envite nacionalista desde la suposición de una victoria holgada que zanjara definitivamente la cuestión. El riesgo era, sin embargo, demasiado evidente, puesto que en los países del llamado primer mundo, democráticos y desarrollados, el separatismo contemporáneo opera sobre viejos clichés etnicistas que obvian la realidad y las lecciones de la historia, incorporando al discurso elementos puramente coyunturales que favorecen la interpretación maniquea de los hechos. Si bien la legislación del Reino Unido, como la de Etiopía –por citar el otro caso conocido–, admite la posibilidad de secesión de una parte de su territorio, David Cameron no estaba en absoluto obligado a plantear la cuestión escocesa bajo la fórmula del «todo o nada», maximalismo que no sólo ha puesto en claro riesgo a su país, sino que ha podido tener graves consecuencias para el conjunto de una Europa todavía atenazada por la crisis, a cuyo calor proliferan los populismos de toda especie. Contrasta muy favorablemente la posición que ha mantenido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, frente al desafío separatista planteado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, bajo el subterfugio de un pretendido «derecho a decidir», trampa semántica y falacia política –puesto que no es otra cosa que el reclamo del derecho de autodeterminación, inaplicable en España–, pero que, además, ha resultado ser un eficaz instrumento de confusión que actúa sobre la banalización de los principios democráticos, reduciéndolos a una caricatura de papeletas y urnas. Por el contrario, la democracia se sostiene en la Ley y a este axioma se ha atenido Mariano Rajoy de manera firme, transparente e inequívoca, rechazando, desde su acción de Gobierno, la pretendida identificación entre Cataluña y el nacionalismo. El mensaje de que cualquier respuesta a la amenaza secesionista vendrá marcada por la Ley y sólo por la Ley –mensaje que ayer pudo empezar a visualizarse con la reunión mantenida por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, con la Fiscalía de Cataluña– también va dirigido a nuestros socios de la UE, inquietos por la reaparición de los nacionalismos europeos, pero poco activos a la hora de enfrentarlos, a quienes se trasmite que España es un país serio, con una democracia asentada sobre principios de libertad e igualdad consagrados por la Constitución y comprometido con la construcción europea. La misma que se ha puesto en grave riesgo con el error de David Cameron.