Reparto realista del déficit

La clausura de la XIX Interparlamentaria del Partido Popular, celebrada en Salamanca, ha contribuido a serenar el debate interno en las filas populares sobre el supuesto reparto asimétrico del déficit público entre las distintas comunidades autónomas. En realidad, se trata de un falso debate, en buena medida contaminado por la «irritante» –en expresión del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera– actitud del Gobierno autónomico catalán con su desafío separatista, que Rajoy recondujo ayer a sus justos términos. Porque, si bien la salida de la crisis y la recuperación de la economía deben hacerse con el esfuerzo de todos, lo que es incuestionable, también lo es que no todas las autonomías están en la misma situación ni tienen las mismas necesidades de financiación. Mezclar esta cuestión con el delirio independentista de Artur Mas ni es justo para el conjunto de los catalanes, a los que asisten los mismos derechos que al resto de los españoles, ni es conveniente para la meta propuesta de sacar España adelante. De la misma manera que la UE ha tratado con flexibilidad los objetivos de reducción del déficit público y sus ritmos de aplicación según las circunstancias particulares de cada país y la evolución de la economía, el Gobierno está legitimado para actuar con los mismos criterios. Sería absurdo, y en poco ayudaría a la causa común, marcar unas condiciones imposibles de cumplir o que produjeran el efecto perverso de agudizar la recesión. La quiebra de cualquier autonomía perjudicaría gravemente al resto de España. Cuando la Comisión Europea, a finales de mayo, valide las nuevas previsiones de déficit remitidas por el Gobierno español, con un margen más amplio para llegar al cumplimiento del objetivo de déficit comunitario del 3%, será el momento de reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el reparto del esfuerzo fiscal. Sin embargo, la flexibilización de las condiciones no puede convertirse en una licencia para seguir dilapidando el dinero público. Se trata de dar una oportunidad a las comunidades que han perdido su crédito en los mercados internacionales de deuda y ya no pueden hacer frente a las obligaciones contraídas para que rectifiquen y saneen las cuentas. La vigilancia de Hacienda sobre el destino de los fondos suplementarios debe ser, eso sí, estricta y, sobre todo, tratada con absoluta transparencia. Ya se está haciendo con las aportaciones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que obligan a las comunidades incumplidoras a presentar todas las facturas, incluso las que no van a cargo del FLA, para asegurarse de que el dinero se destina a pagar a los proveedores y no a gastos ajenos a las necesidades sociales. Es un condicionamiento presupuestario que se evita a las autonomías que han cumplido con la reducción del déficit.