Respaldo a la política económica

Por tercer año consecutivo, la economía española ha crecido el doble que la de la eurozona –confirmando las previsiones del Gobierno–, apoyada en el impulso del programa de reformas llevado a cabo durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Ciertamente, el crecimiento del PIB se ha beneficiado de factores externos, como los bajos tipos de interés o la caída de los precios del petróleo, pero sin el profundo reajuste del sistema productivo español operado entre 2012 y 2015, esos «vientos de cola» habrían perdido eficacia. De hecho, nuestros vecinos en Europa han gozado de idénticas ventajas coyunturales y sus índices de crecimiento se han mantenido en cifras muy discretas, por debajo de las españolas. Ahora, cuando el crudo vuelve a subir en los mercados y se augura el próximo final del dinero barato, las instituciones financieras internacionales, como el FMI –pero también las nacionales–, advierten de un frenazo en el crecimiento de nuestro PIB para este año de 2017 –con un aumento de la producción de sólo el 2,5 por ciento frente al 3,2 del año anterior– y brindan las mismas recetas de incremento de la fiscalidad y abaratamiento del mercado de trabajo que el Gobierno de Mariano Rajoy ha venido rechazando, por entender que el camino era, precisamente, el contrario. Y la realidad parece que, de momento, le está dando la razón. Así, entre los factores que han contribuido a la consolidación económica se encuentra la reactivación del consumo de las familias, lo que no hubiera sido posible sin la rebaja de la presión fiscal, el aumento del empleo y el acceso al crédito en condiciones más favorables. Por supuesto, también han sido determinantes la industria del turismo –con los mejores datos de toda la historia– y la vitalidad exportadora, pero, sin la reactivación del consumo interno, son elementos que por sí solos no hubieran bastado. Esto no quiere decir que el ciclo reformista deba darse por concluido o que no sea necesario mantenerse en la vía del ajuste del gasto público, pero, dada la situación de minoría parlamentaria en que se encuentra el Gobierno del Partido Popular, lo más urgente es tratar de mantener lo conseguido. Parece superfluo que el FMI apunte a una intensificación de la reforma laboral –con abaratamiento del despido, unificación de contratos y endurecimiento del acceso a las prestaciones por desempleo– cuando la mayoría de la oposición de izquierdas pretende derogar la ley o, en su caso, como defiende el PSOE, reformarla en un sentido más «social». Lo mismo reza para otra de las propuestas de los técnicos de Christine Lagarde que visa la reducción del gasto público mediante una mayor disciplina fiscal de las comunidades autónomas –a las que, dice el FMI, habría que suprimir el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y endurecer las vías de financiación a crédito–, cuando todas las administraciones implicadas demandan más presión fiscal para sufragar los incrementos presupuestarios. La realidad política es la que es –incluso no está todavía resuelto el problema de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado– y hay que confiar en que el impulso dado a la economía española en estos tres últimos años sirva para mantener el ritmo de mejora del mercado de trabajo en 2017, con lo que sí sería posible mantener el crecimiento del PIB a los niveles actuales, con independencia de los precios del petróleo o de los tipos de interés, que no siempre operan en sentido negativo. Para ello hay que mantener lo que está demostrado que funciona, como la Reforma Laboral, por encima de las meras diferencias de partido.