Respaldo judicial a la vida

Como no podía ser de otra forma, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado jurídicamente el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada, tal y como ya habían hecho la Fiscalía General del Estado y el Comité de Bioética de España. Pese a las discrepancias ciertamente ideológicas de la minoría del Consejo, la Magistratura española no podía obviar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en favor del derecho fundamental a la vida del no nacido. Finalizado, pues, el trámite de consulta, que se ha dilatado en el tiempo y no, precisamente, por culpa del Gobierno, este proyecto de ley, que es el de mayor peso social y político dentro del programa electoral del Partido Popular, puede comenzar el trámite parlamentario. Como ya adelantó LA RAZÓN en su portada del pasado 30 de mayo, la intención del Ejecutivo es tener aprobada la nueva ley antes de que finalice, en julio, el actual periodo de sesiones y una vez que incorporen al anteproyecto algunas de las recomendaciones hechas por los órganos consultivos. Entre éstas, el CGPJ ha incluido la despenalización del aborto eugenésico, siempre que el feto padezca una enfermedad incompatible con la vida. Se trata de una propuesta de modificación legal que, sin embargo, choca con las recomendaciones del Comité de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que considera discriminatorio y éticamente incompatible con la Carta de Derechos Humanos la legalización del aborto por causa de discapacidad. Cuestión de fondo que la izquierda, en su oposición a la reforma, desprecia olímpicamente desde su habitual soberbia ideológica y su supuesta superioridad moral. Pero más allá de las modificaciones que pueda experimentar el anteproyecto en su recorrido parlamentario, que no pueden ser objeto de crítica hasta que se plasmen en el articulado de la nueva ley y se conozcan en su literalidad, importa desmontar algunas de las falacias esparcidas por la propaganda de la izquierda abortista durante estos meses, que achacaban el retraso en la tramitación de la reforma al oportunismo electoral del Partido Popular o a la existencia de un frente de rechazo dentro de sus propias filas. No es tal. De poder atribuirse una responsabilidad a la lentitud con que se ha desarrollado el anteproyecto, ésta recaería sobre los órganos consultivos, que han apurado todos los plazos, en buena parte condicionados por la resistencia a ultranza de los sectores minoritarios contrarios a la reforma. Y respecto a la oposición interna en las filas del PP, por muy ínfima que sea, hay que exigir coherencia política a quien se presenta por las listas de un partido que ha hecho de la defensa del concebido uno de sus más honrosos estandartes.