Respuesta del Estado de Derecho

De acuerdo al mecanismo previsto, la Comisión Permanente del Consejo de Estado puso ayer en marcha la maquinaria legal contra el referéndum separatista convocado por la Generalitat catalana. El órgano consultivo aprobó el dictamen preceptivo sobre los dos recursos que el Gobierno de la nación presentará al Tribunal Constitucional, una vez que el Consejo de Ministros, reunido hoy en sesión extraordinaria, así lo disponga. El paso siguiente lo dará, a partir del martes, el alto tribunal admitiendo a trámite los recursos y suspendiendo cautelarmente tanto la ley catalana de consultas como el decreto de convocatoria firmado por Artur Mas. Aunque no caben sorpresas ni la posibilidad de subterfugios interpretativos a los que puedan acogerse los separatistas, sí conviene que el Tribunal Constitucional resuelva con especial diligencia y con absoluta claridad para cortar de raíz la campaña de agitación de la calle que la Generalitat ha puesto ya en marcha con dinero de los contribuyentes. Ayer mismo, pese a ser domingo, la vicepresidenta Joana Ortega convocó una rueda de prensa para dar a conocer numerosos detalles del referéndum, desde el tipo de urnas hasta el censo, pasando por la distribución de las mesas y de los colegios electorales. En suma, toda la intendencia e infraestructura necesarias para llevar a cabo la consulta, aun a sabiendas de que no se celebrará porque es ilegal. Es evidente que la Generalitat pretende apurar el momentáneo paréntesis legal para poner en marcha la estrategia anunciada el sábado por Mas y jaleada por los radicales ERC y CUP de «resistir» porque «esto no funciona saliendo a la calle una vez al año». Sin embargo, Artur Mas deberá paralizar toda actividad relacionada con la consulta desde el mismo momento en que el Constitucional la suspenda cautelarmente. Si el presidente de la Generalitat prosiguiera su campaña, incurriría en una ilegalidad y cometería varios ilícitos penales, como desobediencia, malversación de fondos públicos y prevaricación, entre otros. De ahí la necesidad de que los magistrados se pronuncien de forma inequívoca y avisen del alcance de su resolución, de modo que no dejen resquicios por los que pueda colarse la ilegalidad. En todo caso, sería muy grave que Mas no acatara la sentencia con todas las consecuencias y se apartara del sentir de la mayoría. Según la encuesta que publicamos hoy, más del 51% de los catalanes no duda en que se debe acatar la decisión del Constitucional. También son mayoría (56,5%) los que opinan que Mas tendrá que dimitir si al final no hay consulta, lo que abocaría a un adelanto electoral, a juicio del 53,2% de los encuestados. En efecto, Artur Mas sabe de sobra que ha llegado al final de su provocación y que su única escapatoria es convocar elecciones sin haber logrado nada.