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Sánchez, entre el G7 y Podemos

La idea de un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, como solución al bloqueo político que vive España, nunca nos ha parecido una solución de futuro, por más que entendamos la posición de Pablo Iglesias cuando reclama un trato acorde al peso de sus votos. Sólo la perspectiva de conformar un Ejecutivo en el que su presidente asiste como invitado a una cumbre del G7, mientras parte de su Gabinete promueve acciones antisistema contra esa misma reunión internacional abunda en lo que decimos, por no hablar de los distintos presupuestos ideológicos a la hora de negociar las cuentas del Estado, plantear la relación con la Unión Europea o enfrentar el desafío separatista catalán. Es evidente que en una coalición como la propuesta por Unidas Podemos, que tendría, además, que contar con apoyos periféricos, uno de los dos socios vería gravemente comprometido su programa y, por ende, el apoyo de sus electores. Existen, por supuesto, mejores opciones, como un acuerdo de legislatura entre los socialistas y el partido que lidera Albert Rivera e, incluso, una «gran coalición» a la alemana con los populares, pero que exigen una disposición negociadora que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no parece tener. En este sentido, que, ayer, la ministra portavoz, Isabel Celaá, admitiera paladinamente que el PSOE no iba a restablecer las negociaciones con Podemos para la investidura de su candidato hasta la primera semana de septiembre, cuando la fecha límite está marcada para el día 23, nos deja dos hipótesis igualmente preocupantes. La primera, que Sánchez ya da por perdido el envite y se dispone a convocar nuevas elecciones, lo que supondría prolongar el ya largo período de interinidad institucional, y, la segunda, que desde el Partido Socialista se confía en que la amenaza de las urnas sea suficiente para que los de Pablo Iglesias acepten un papel menor, con un acuerdo programático. La reciente experiencia nos dice que un gobierno así sostenido, probablemente no pasaría la prueba de los Presupuestos Generales. A esta segunda hipótesis ya ha respondido Unidas Podemos en una carta a sus inscritos, en la que califica la pretensión socialista como un «trágala» que no están dispuestos a aceptar, pues, en su opinión, que en parte compartimos, la postura de «o como yo digo, o elecciones», no solo es irresponsable, sino que está llamada al fracaso, dada la pluralidad de fuerzas necesarias «para sostener un posible Gobierno progresista en España». Así la cosas, parece absurdo que desde el Gobierno en funciones se mantenga la misma estrategia de doble presión a Pablo Iglesias, con la amenaza electoral y a través de los contactos con los llamados «movimientos sociales de progreso», cuyas reuniones con el presidente Sánchez se van a reanudar, claro, antes de encarar la verdadera negociación. Por supuesto, con el objetivo último de apuntalar el relato socialista de que la responsabilidad de la convocatoria de unas nuevas elecciones, cuando España lleva ya dos años con los Presupuestos que dejó aprobados Mariano Rajoy, recae en los otros líderes políticos. Pero, como hemos señalado repetidamente, es a Pedro Sánchez, que se ofreció al Jefe del Estado para conformar un gobierno sin contar con los apoyos necesarios, sobre quien recae la responsabilidad. Esa es la realidad tozuda de un partido que, pese a los alardes propagandísticos del PSOE, en cierta medida eficaces, no goza de una mayoría suficiente en el Parlamento. Presentar como un gran triunfo una victoria pírrica con 125 escaños –los mismos, por cierto, que hicieron imposible la segunda investidura de Rajoy–, contando con que la izquierda radical estaría obligada a apoyar al candidato socialista, se ha convertido en un error.

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