Sánchez no es el jefe de Estado

Pedro Sánchez ha abierto una ronda de contactos previa a la de la investidura, que le corresponde al jefe del Estado. No es lo mismo y no deben confundirse los papeles: es el Rey quien encarga formar gobierno al candidato que asegura tener los apoyos suficientes, según lo estipula la Constitución (art. 62): «Proponer el candidato a presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución». Sánchez, como representante del partido más votado, aunque sin mayoría absoluta, está obligado a buscar los apoyos necesarios para asegurar su investidura. La ronda que inició ayer con el líder del PP, Pablo Casado, y que continúa hoy con los de Cs, Albert Rivera, y Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tiene, sobre todo, un carácter institucional. Es decir, remarcar la figura del que representa en funciones la institución del Gobierno. De estos encuentros no van a salir ningún acuerdo para nombrarle presidente, ni siquiera con su socio principal, Iglesias, sino una operación para presentarse como la figura central que arbitrará la política española en los próximos cuatro años. Pero no es esa su función. Conviene no perderlo de vista porque algunos énfasis protocolarios de Sánchez van más allá de su misión. Sánchez es sólo el candidato, que ni siquiera ha sido propuesto por el Rey para formar Gobierno, cuando además ni están constituidas las Cortes. Algo parecido sucedió tras los comicios del 26 de junio de 2016, cuando Rajoy realizó las consultas en La Moncloa y fue conminado por la oposición –con Sánchez a la cabeza– a elegir el lugar neutral que le correspondía. El resto de reuniones se realizaron en el Congreso. Esta manera de actuar no tendrá ninguna consecuencia política –sus conversaciones con Iglesias son en privado–, pero sí que incide en algo que Sánchez viene demostrando: falta de tacto hacia la figura institucional de Felipe VI. La reunión de ayer con Casado dejó claro que, pese a los malos resultados del 28-A, el líder popular quiere asumir la tarea de jefe de la oposición y hacerlo con responsabilidad, dispuesto a llegar a pactos de Estado con el futuro Gobierno. De momento, la propuesta de PP es clara: que Sánchez no dependa de los independentistas para gobernar. Esa es la clave y lo que realmente puede desbloquear una situación que rompió el pacto de los constitucionalistas cuando triunfó la moción de censura con el voto de los separatistas. Si se quiere reforzar un acuerdo de Estado sobre los temas fundamentales y, de manera especial, cerrando la puerta al independentismo, no hay más vía que impedir que Junqueras, Puigdemont y Otegi se conviertan en actores determinantes de la próxima legislatura. Casado ya ha adelantado que Sánchez no contará con la abstención de su partido y confíó en que Rivera facilitara la investidura, una suposición que, aún estando dentro de lo posible, no deja de ser una manera de comprometer a Cs ante su electorado ante las próximas elecciones del 26 de mayo. Lo fundamental es que Sánchez prepara una reforma fiscal muy acorde con Podemos y contraria al planteamiento del PP y Cs, la derogación de la reforma laboral y otras medidas de calado. La nueva actitud de Sánchez la comprobaremos en cómo cierre los acuerdos que le llevarán de nuevo a La Moncloa. Buscar el aislamiento de PP y Cs puede reportarle réditos electorales inmediatos, pero descompone el sistema de partidos en España, otorgando un poder excesivo a formaciones dispuestas a acabar con el orden constitucional.