Sin margen para la corrupción

El Gobierno ha sido implacable en su determinación de cesar al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. No ha querido prolongar una situación que sólo provocaría un innecesario desgaste político, ya que, por todos los datos de que dispone la Policía, se trata de un caso de corrupción en la concesión de contratos públicos. Estos hechos tuvieron lugar en la etapa en la que Serafín Castellano era consejero de Gobernación. La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, que detuvo al político, después de registrar las dependencias de la Consejería de Gobernación y su domicilio particular. Fue la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quien anunció tras el Consejo de Ministros el cese inmediato de Castellano. En total, son nueve los detenidos en esta operación, que ayer pasaron a disposición judicial y prestaron declaración. El caso del ex delegado del Gobierno estaba siendo investigado desde el pasado mes de octubre por presuntos favores en contratos públicos por un importe de 33 millones de euros, además de recibir regalos y otras irregularidades. El Gobierno ha actuado en este asunto con celeridad, sin dar margen a especulaciones, ni entrar en debates estériles, sobre todo cuando se dispone de pruebas sólidas. Mariano Rajoy se ha comprometido con la lucha contra la corrupción, una práctica que ha afectado a todos los partidos y regímenes democráticos, pero con la que no se puede ser tolerante o hacer un uso interesado en función de a quién favorezca y a quién perjudique. El servicio público es incompatible con el beneficio privado e ilegal. El discurso regeneracionista se quedaría en nada –o en algo peor: en una gesticulación complaciente– si no se concreta en políticas basadas en el control de los fondos públicos y en la inspección exhaustiva de las cuentas de los partidos. En este sentido, el Gobierno ya ha tomado una serie de medidas, como no permitir las donaciones de personas jurídicas y éstas no superen los 50.000 euros; además de prohibir la condonación o renegociación de la deuda de los partidos. Un capítulo fundamental ha sido fijar un plazo en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar la prolongación de los grandes procesos. Ante la corrupción no caben medias tintas, más allá de la presunción de inocencia, que también deberá aplicarse al ex delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana. De lo contrario, la Ley, que es quien debe juzgar estas prácticas ilegales, será sustituida por «justicieros» que midan los delitos bajo criterio político. El terreno donde la «antipolítica» crece es la corrupción; de ahí que las medidas deban tomarse con rapidez, como ha hecho ahora el Gobierno.