Sin temor a la verdad

La Razón
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El juez Pablo Ruz ha citado a declarar como testigos a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal y a sus antecesores en el cargo Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas. Frente a quienes –incluso en la propia Fiscalía– consideran procesalmente irrelevantes unos testimonios que sólo pueden referirse a asuntos que están fuera, por razones cronólogicas, del ámbito de la investigación, el magistrado los cree pertinentes, puesto que en los «apuntes contables» del ex tesorero del PP Luis Bárcenas hay referencias que se remontan a los últimos 20 años. La discusión tampoco tiene demasiada trascendencia, por más que los partidos de la oposición, con un aparente desconocimiento de lo que establece nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, aventen la especie de que por fin se ha abierto la «causa general» contra los populares, en la que han puesto tantas falsas esperanzas políticas. No habrá caso. Tanto Dolores de Cospedal como Javier Arenas han declarado por activa y por pasiva la inexistencia de una «caja B» en la administración del partido, cuya contabilidad fue remitida al Tribunal de Cuentas, que la validó. Frente a su palabra, no hay más que unos papeles fabricados a posteriori de los hechos por el ex tesorero, con los que pretendía extorsionar al Gobierno en una actitud que retrata a cierto tipo de delincuentes que se creen por encima de la Justicia y piensan que se puede atentar contra la independencia de los jueces. En este punto, es preciso destacar la respuesta ejemplar de dos de los citados por el juez, Dolores de Cospedal y Javier Arenas, que pese a su condición de aforados y a lo inusual del calendario –puesto que el mes de agosto es judicialmente inhábil, aunque la Ley establece que no hay restricciones en la investigación de causas criminales– ya han anunciado que acudirán personalmente a la Audiencia Nacional no sólo para colaborar en lo que sea preciso, como no podría ser de otra forma, sino para defenderse en la misma vía judicial de las acusaciones calumniosas de un individuo que aún tiene que explicar cómo consiguió amasar su inmensa fortuna. Ése es el fondo de la cuestión, por más cortinas de humo que se tiendan y por más que al PSOE e IU les guste moverse entre las nieblas, práctica peligrosa de escaso futuro. Es el problema de haber unido su estrategia opositora a la táctica procesal de un presunto delincuente, cuyo horizonte penal se ensombrece cada día que pasa y que ha mentido con absoluta desfachatez en sede judicial. Ayer, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmaba su imputación, y la de su esposa, por los delitos de falsedad documental, estafa procesal en grado de tentativa y blanqueo de dinero negro. Se refiere la acusación a la simulación de una venta de cuadros, con facturas falsas, con la que pretendía ocultar el enriquecimiento ilícito. Algo, por lo visto, que era una constante en su vida.