Toda la ley del Constitucional para parar el referéndum

La CUP, que pilota el «proceso» e imprime en cada momento la velocidad necesaria para el choque final, al punto de poner la Generalitat a su servicio, anunció ayer que la «Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república» debería aprobarse antes del 11 de septiembre –se supone que para animar la Diada ahora que se aproximan al abismo–, lo que supone que podría salir adelante en el pleno del Parlament del 6. Primero se declara la independencia de Cataluña y luego se pregunta en el referéndum. No faltó tiempo para que el consejero de Presidencia, Jordi Turull, atendiera la petición de los antisistema y no descartase la posibilidad de emplear el decreto ley, lo que no necesitaría pasar por el Parlament, una institución que, al fin y al cabo, está puesta al servicio de Junts pel Sí y la CUP. Ha sido continuado desde el gobierno de la Generalitat y el Parlament el incumplimiento de sus sentencias, y de esta desobediencia han hecho bandera. El Gobierno sigue confiando que hacer valer la legalidad precisamente cuando ésta se subvierte flagrantemente, como es el caso del independentismo catalán, es en sí misma una estrategia política. De ahí que haya impulsado leyes como la reforma del Tribunal Constitucional para asegurar la efectividad de sus resoluciones, lo que deja la puerta abierta a que en caso de incumplimiento los responsables directos de esta desobediencia puedan ser suspendidos. El supuesto más cercano fue cuando el pasado 31 de julio el TC admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la reforma del reglamento de la cámara autónoma, que, a su vez, daba vía libre a la celebración del referéndum, lo que supuso su suspensión inmediata. Si la Generalitat ya ha amenazado con incumplir la suspensión y aprobar, se supone que el próximo día 6, la llamada Ley de Transitoriedad a menos de un mes de la celebración de la consultase abre una doble vía que debe ponerse en marcha: la de los tribunales ordinarios y la del TC. Hay que partir del hecho de que los separatistas actúan de manera clandestina y tramposa, ocultando las leyes que van a aprobar, sin ni siquiera dar información a la oposición y sin firmar documento oficial alguno. No hay que olvidar la lección del 9-N, donde se produjo un engaño colectivo al país y una burla a la legalidad: a pesar de estar prohibido, simularon celebrar una mera «jornada de participación» y luego la vendieron como un engaño al Estado. Ante esta tesitura, la única posibilidad para la inhabilitación provisional de los responsables antes del referéndum sólo puede ponerla en marcha el TC, siguiendo la nueva ley, de manera que pueda actuar de oficio. Ya hay convocado un pleno del Constitucional para los días 5, 6 y 7, que coincide precisamente con la fecha en la que el Parlament tiene previsto aprobar la Ley de Transitoriedad. El Alto Tribunal deberá valorar cuántas veces es aceptable, para no afectar a su legitimidad y efectividad, que la Generalitat y el Parlament incumplan reiteradamente sus resoluciones. El TC es una garantía de que se va a cumplir la legalidad, ya que es su obligación «velar por el cumplimento efectivo de sus decisiones y determinar en su resolución quién ha de ejecutarla y las medidas de ejecución necesarias», a la vez que «declarar la nulidad de las resoluciones que contravengan las que ha dictado». Hay que utilizar la Ley con toda su fuerza porque es el gran recurso del Estado de Derecho.