Torra insulta a la Corona

El primer gesto que debería hacer el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, es hacer un llamamiento para que Felipe VI sea bien recibido en Cataluña, como corresponde al Jefe del Estado que ha defendido siempre el Estatuto y la Constitución. Un llamamiento claro de concordia y respeto que, por lo menos, evite poner a la Administración catalana una vez más al servicio de un intento de boicot a la presencia del Rey con motivo, en este caso, de la inauguración mañana, en Tarragona, de los Juegos del Mediterráneo y de la entrega de los Premios Princesa de Girona. De nada vale que Torra proclame que está abierto a dialogar –incluso a «negociar» no se sabe con quién y de qué–, si éste afirma que el Rey dio «su aprobación a la violenta represión de la Policía contra ciudadanos completamente pacíficos», lo que supone un apoyo explícito a la campaña lanzada por los independentistas. La carta que Artur Mas, Carles Puigdemont y el propio Joaquim Torra han enviado al Rey pidiendo que se abra una «etapa de negociación», y donde vierten tan grave acusación, es sencillamente un despropósito mayúsculo, un disparate institucional, una burda operación propagandística con pasajes insultantes contra la Corona y todos los demócratas. Era inevitable que la Casa del Rey trasladase la carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en estricto cumplimiento del artículo 64.1 de la Constitución, donde se especifica que «los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes». Si la misiva enviada a Felipe VI refleja, como literalmente parece, la visión que la Generalitat tiene del conflicto por el que atraviesa Cataluña, sólo cabe derivar que se reafirman en la ilegalidad, en seguir el «proceso», «implementar el mandato popular» –es decir, persistir en el 1-O y en la proclamación unilateral de la independencia del 27-O– y presentar a España como un estado totalitario y a un Rey que no comparte los valores democráticos. Con estas credenciales, Pedro Sánchez debería renunciar a su anunciada entrevista con Torra, si éste no rectifica su posición, lo que, de momento, vemos lejos. El presidente del Gobierno no puede aceptar que el Jefe del Estado sea insultado y rebajado institucionalmente utilizándolo como una mera treta para desprestigiar la Monarquía parlamentaria. Si se confirma que finalmente mantendrá con Torra una reunión el 9 de julio en La Moncloa, Sánchez debe comparecer en el Congreso para explicar los detalles del encuentro y qué compromisos ha adquirido con el presidente catalán. El independentismo y en concreto los tres firmantes de la carta, Mas –cuya irresponsabilidad y deslealtad ha llevado a Cataluña a la fractura social–, Puigdemont –huido de la Justicia tras proclamar la República catalana– y Torra –supeditando la presidencia de la Generalitat a una estrategia política delirante–, deberían rectificar su asalto a la legalidad democrática. Sin esta condición, sin la aceptación de que los separatistas cometieron un grave error –casi irreparable– al provocar el choque de trenes y que sólo con la vuelta a la legalidad es posible salir de esta situación, el diálogo es imposible. Felipe VI pronunció el 3 de octubre de 2017 uno de los discursos más importantes de nuestra historia democrática, en un momento de gravedad extrema, cuando el independentismo decidió saltarse la legalidad y buscar el enfrentamiento con el Estado, cuando la Generalitat había decidido romper en dos Cataluña y anuló el Estatuto y la Constitución, el Rey habló en el único sentido que era posible: en defensa del Estado de Derecho y la unidad de España. Sin estos principios, no será posible mantener un diálogo fructífero con nadie. Sánchez y los dirigentes socialistas catalanes deben defender al Rey en su visita a Cataluña.