Trato de favor a los presos del «procés»

España es un Estado de Derecho, en el que todos somos iguales ante la Ley. Otra cosa es cuando toca aplicar reglamentos y ordenanzas y actuamos de parte. Esto es, a favor de la parte interesada... El mejor ejemplo lo tenemos en la manera en que son tratados los llamados presos del «procés». Los políticos independentistas catalanes que no han huido –un verbo que refleja lo que hicieron Puigdemont y otros tantos por más que a ellos no les guste esa definición– están en prisiones catalanas. Todos a la espera de juicio. Y están en ellas ante la gravedad de los hechos. Un desafío al Estado que les ha supuesto unas consecuencias de las que, hoy por hoy, sus compañeros del exterior no intentan aliviarles. Como hoy publica LA RAZÓN, lo excepcional en el trato a los presos comenzó desde el mismo momento en que fueron trasladados a cárceles catalanas. La Generalitat tiene transferidas las competencias penitenciarias y, en este caso, se ha visto que hacen ejercicio de ellas con claros distingos y favores a ciertos reclusos. Desde el mismo momento del traslado a cárceles catalanas desde la Comunidad de Madrid no se cumplió el protocolo. El furgón de la Guardia Civil fue sustituido por furgonetas camufladas. De la misma manera, los presos que podrían considerarse conflictivos fueron trasladados a otros módulos de las prisiones. En términos profesionales se produjo un «esponjamiento» de esas prisiones. Los reclusos con delitos violentos, sexuales o domésticos fueron «limpiados» del entorno de los llamados «presos del procés». Ocupan celdas individuales, con televisión y en los primeros momentos recibieron la visita casi diaria de sus abogados. Por no hablar de las de los políticos independentistas, que peregrinaban a Lledoners a la búsqueda de consuelo e ideas. Para que nada les falte –con independencia de lo que opinen los sindicatos de funcionarios de prisiones–, la dirección de Instituciones Penitenciarias catalanas ha reforzado la prisión de Lledoners con diez funcionarios más. Un agravio comparativo frente a otras cárceles con mayor conflictividad e internos peligrosos, como Brians II o Quatre Camins. Esta doble vara de medir ya fue anunciada y alertada por los trabajadores de la cárcel. Los sindicatos de funcionarios de prisiones –cuando se decidió el traslado a Cataluña de los presos del «procés»– exigieron a la consejera de Justicia, Ester Capella, que la Generalitat no diese ningún privilegio y actuase con «neutralidad absoluta» en el trato a los presos independentistas. La presión que padecen los funcionarios, además, es evidente. El despliegue de lazos amarillos y de pintadas, además de las manifestaciones que cada cierto tiempo organizan los CDR u organizaciones como Òmnium Cultural o la ANC buscan crear un clima de amenaza y coacción a los funcionarios que deben custodiar a los presos preventivos. Que deben asegurar que se cumpla la Ley y lo dictaminado por los jueces y los tribunales. Ahora los «presos» están bajo la custodia de un organismo del Estado que se denomina Generalitat de Cataluña. Él y no otro debe asegurarse de que se cumplan las leyes. Al igual que en la televisión pública catalana o en la escuela, el sesgo nacionalista marca el camino. Que en las cárceles catalanas se bascule hacia un perfil ideológico no se entiende. El principio de igualdad ante la ley se rompe. Todo ello está encuadrado en la misma ofensiva independentista de confusión: ignorar la separación de poderes entre el poder Ejecutivo y el Judicial para exigir «el acercamiento a su casa» de los presos, cuando no su indulto. Algo imposible sin haber sido juzgados. Los «presos» son, hoy por hoy, el clavo ardiendo de un «procés» fallecido.