Un bien innegociable

La Conferencia Episcopal reprochó ayer con dureza al Gobierno el haber retirado la reforma de la ley del aborto, decisión que calificó de «especialmente grave». Los obispos le critican sobre todo porque, «habiendo incluido entre sus compromisos políticos la promesa de una ley que aminoraba algo la desprotección de la vida humana naciente que existe en la vigente normativa del aborto», ha renunciado a seguir adelante «en aras de supuestos cálculos políticos». Tienen toda la razón. El derecho a la vida, también el del no nacido, es innegociable y no puede estar sujeto a intereses electorales. El partido que juega de manera oportunista con sus promesas más trascendentes no es de fiar. Una cosa es adecuar la acción de gobierno a los imponderables o a los imprevistos, como subir los impuestos tras descubrir que la caja está vacía, y otra bien distinta es incumplir lo prometido en la oposición simplemente porque puede perjudicar las expectativas de voto. No se entiende que reformar la ley del aborto fuera una promesa rentable para ganar las elecciones y ahora el cumplirla sea perjudicial. Es verdad que, técnicamente, el Gobierno no ha renunciado totalmente a retocar la «Ley Aído». De hecho, ya ha empezado a trabajar para eliminar dos aspectos relevantes: que el aborto libre no tenga rango de «derecho», aberración jurídica y moral que ningún país contempla, y que las jóvenes de 16 y 17 años que deseen abortar lo pongan en conocimiento de sus padres o tutores. Es un paso necesario, pero no suficiente. El compromiso del PP, más allá de que su programa electoral aludiera a una reforma genérica, quedó concretado en su recurso al Tribunal Constitucional, en junio de 2010. En aquel texto, los populares no sólo recurrían los dos puntos citados, sino que también refutaban el núcleo de la ley: que el aborto fuera libre durante las 14 primeras semanas. Entendían, y se supone que todavía lo entienden así, que una ley de plazos chocaba frontalmente con la doctrina constitucional reiteradamente fijada por el tribunal, según la cual el artículo 15 de la Constitución protege de manera efectiva la vida del no nacido. Sólo cuando este derecho entra en colisión con el derecho de la madre a su propia vida o salud, entonces cabe arbitrar excepciones legales para abortar. La propuesta implícita del PP era, por tanto, volver a la ley anterior, pero corrigiendo algunos errores que la experiencia de 20 años había detectado, como evitar el coladero del llamado supuesto psicológico. La conclusión es que el Gobierno popular no sólo se ha equivocado al dar una muestra de debilidad y de sumisión a los sondeos electorales; yerra, sobre todo, porque devalúa la confianza en su ideario, que no es un mero catálogo de intereses, sino un contrato basado en principios morales y valores éticos.