Un dictamen al dictado

La hoja de ruta separatista pasó ayer una nueva página con el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias favorable a la Ley Catalana de Consultas Populares. Con seguridad, sin embargo, el escenario no fue el que entraba en los planes de Artur Mas. El órgano consultivo del Ejecutivo autonómico avaló la constitucionalidad del texto que el Parlament prevé aprobar en septiembre y que debe servir como excusa legal al Gobierno catalán para convocar el referéndum secesionista del próximo 9 de noviembre, pero lo hizo por una ajustada mayoría de cinco consejeros contra cuatro, y en medio de serias divergencias. La composición del Consejo hacía imposible la unanimidad, pero, sin duda, las fuerzas rupturistas esperaban un desenlace más contundente a favor de sus planteamientos y no uno tan disputado sobre una pieza clave del desafío nacionalista. Además varias cosas resultaron especialmente significativas: el rechazo del Consejo a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta propuesta en la cita del 9 de noviembre; que la resolución fue avalada sólo por los consejeros nombrados a propuesta de CiU y ERC; y, más relevante todavía, que los cuatro votos particulares que se opusieron a la ley de consultas provinieron de los consejeros apoyados por el PSC, el PP e Iniciativa per Cataluña, o, lo que es igual, de dos partidos –PSC e Iniciativa– que habían respaldado la norma en el Parlament. En cuanto a las conclusiones del dictamen–con mayoría de consejeros de CiU y ERC, el resultado final estaba escrito de antemano, y sólo faltaba fundamentarlo–, se sustancian en una entelequia político-jurídica, en la que se reinterpretan la Constitución y el Estatut al servicio de sus intereses, hasta el punto de asegurar que la consulta «puede contribuir a reforzar destacados valores constitucionales». La resolución plantea que la norma «no colisiona» ni es incompatible con el fundamento último de la soberanía reconocido en la Carta Magna e incluso que ésta no prohíbe que la Generalitat pueda consultar a la ciudadanía sobre cuestiones que son de su interés. El relato, que reproduce la doctrina separatista, falsea la realidad, que es sencilla y concluyente. La competencia para convocar un referéndum es del Estado, como dispone el artículo 149.1.32 de la Constitución, y como recordó la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la ley de consultas impulsada por Ibarretxe y después otra sobre el propio Estatut. El sujeto de soberanía es el pueblo español y sólo a él compete decidir sobre asuntos que le afectan, como la integridad nacional. La fractura en el Consejo de Garantías multiplica las dudas y la debilidad de un proyecto que parece desfondarse entre el escándalo del clan Pujol, las grietas de CiU, el desgaste popular y los baños de realidad. La Generalitat se apresta a un fraude de ley que no saldrá adelante y que tendrá consecuencias. Debería recapacitar antes de que el perjuicio sea difícilmente reparable.