Un Estado de Bienestar saneado

Más grave que el daño económico, personal y moral que ha causado la crisis habría sido que no hubiéramos extraído las lecciones correspondientes para evitar su repetición. No es el caso español. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó una batería de medidas de gran calado que o bien inciden directamente en la reparación de las consecuencias que ha tenido en el cuerpo social el largo periodo de recesión, como la llamada «Ley de Segunda Oportunidad», o bien tratan de conjurar aquellas deficiencias del sistema financiero que más han condicionado la actuación de los gobiernos a la hora de afrontar el problema. Así, no es un asunto menor, ni mucho menos, la aprobación del Proyecto de Ley de Recuperación y Resolución de Entidades de Crédito –con el que España se adapta a la normativa europea en lo relativo a la Unión Bancaria–, pues se trata de una normativa que, de haber estado en vigor cuando estalló la burbuja inmobiliaria, habría evitado la inyección de 60.000 millones de euros de dinero público en el sistema bancario español, y supone que ya no serán los contribuyentes, sino los accionistas y los acreedores, quienes asumirán primero las pérdidas de una deficiente gestión. Pero la medida estrella, sin embargo, es la citada «Ley de Segunda Oportunidad» que, por un lado, mantiene los sistemas de protección de los deudores más vulnerables –como la moratoria de los desahucios, que se alarga hasta el año 2017– y, por otro, establece un cambio de paradigma en las relaciones económicas entre los ciudadanos y el sistema financiero. Como primera providencia, se extiende a las personas físicas y a los trabajadores autónomos la protección jurídica y patrimonial de que gozan las grandes empresas, de manera que un revés económico, como sería perder el puesto de trabajo, no suponga una quiebra irreversible por insolvencia sobrevenida. Por supuesto, no se trata de condonar alegremente las deudas y compromisos contraídos, sino de ayudar al deudor de buena fe a rehacerse y a volver a intentarlo. Dación en pago, mecanismos de renegociación de los créditos y ampliación de plazos, vías alternativas a los procesos judiciales y, finalmente, la posibilidad de exoneración de una parte de las deudas que, en la práctica, no se iban a poder saldar, se combinan en la nueva legislación que, sin embargo, mantiene el suficiente equilibrio para no poner en peligro algo tan fundamental para la sociedad como es un sistema hipotecario abierto y accesible a la mayoría. Y sin olvidar que muchas de estas medidas, de clara orientación social, no serían posibles de seguir inmersos en la recesión económica. Sólo desde la estabilidad de una economía saneada y en crecimiento se puede avanzar en el Estado del Bienestar.