Un Gobierno en perpetua rectificación

Con pocas las medidas que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez que no deban a continuación rectificar, corregir o aclarar. Salvando las de carácter netamente ideológico-simbólicas, como la exhumación de los restos de Francisco Franco, el resto están sometidas al fluctuante mundo táctico de un Ejecutivo minoritario que necesita que sus decisiones no alteren su acuerdos con Podemos e independentistas. Si la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo el pasado viernes tras el Consejo de Ministros que al juez Pablo Llarena quien lo debía defender era el poder del que depende, es decir, el Consejo del Poder Judicial, desentendiéndose así del ataque del que era víctima desde la Generalitat y todos los sectores políticos nacionalistas al ser el instructor del proceso contra los dirigentes que declararon unilateralmente la independencia de Cataluña, ahora rectifica. Esto ha sido así, hasta que jueces y fiscales han forzado a La Moncloa a rectificar. Abandonar al juez que lleva el sumario más importante que hay ahora abierto en la magistratura ante la demanda civil interpuesta por Puigdemont, quien utiliza el argumento de que «España está al lado de Kazajistán entre los Estados delincuentes», dejaba al Gobierno en una posición similar a la mantenida por los independentistas. Sin duda, abrir un fisura entre la Abogacía del Estado y el Gobierno no es lo mejor para el envite que el independentismo prepara este otoño en Cataluña. Es incomprensible que este flanco, tan fundamental en estos momentos, se haya debilitado. El Gobierno se sustenta fundamentalmente en creer que sólo el mensaje construirá el programa político. Atender generosamente a emigrantes del «Aquarius» ni resolvía el problema, como pareció anunciarse, ni siquiera definía la política migratoria que iba a emprender el Gobierno. No sólo no es así, sino que, semanas después, devolvió a Marruecos 116 emigrantes que habían cruzado la valla de Ceuta. La política de los hechos reales tiene menos brillo, pero a la larga es más eficaz y, sobre todo, resuelve los problemas y no los encapsula en una disputa ideológica definida especialmente por el frentismo estéril al que quieren constreñir a toda la sociedad española. Pero quizá sea la de querer alterar su poca capacidad legislativa dada su escuálida representación –86 diputados y el apoyo de los socios de la moción censura– lo más alarmante de este Gobierno. Para asegurarse poder acabar la legislatura, y así no convocar las elecciones que prometió, no tiene más opción que aprobar los Presupuestos Generales del Estado en las condiciones exigidas por Podemos: modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para arrebatar al Senado la capacidad de vetar el techo de gasto. Dado que el PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta y podía votar en contra y bloquear la senda de déficit, no hay más atajo que cambiar la norma. Un fraude de ley en toda regla, que, sin embargo, ni siquiera ha podido aprobar bajo los plazos que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se cumplían ayer. Hizo todo lo posible –convocar en agosto telemáticamente un Consejo de Política Fiscal, incluso el último Consejo de Ministros aprobó un nuevo déficit–, pero la realidad se impone. Sin techo de gasto aprobado no puede comenzar la tramitación y aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2019, lo que supone una parásilisis en muchas partidas. Ayer, Pedro Sánchez emprendió un viaje oficial a Latinoamérica y confía en ayudar en el proceso de paz en Colombia. Loable intención que choca con la agudización en la calle del «proceso» independentista en Cataluña y su política de apaciguamiento.