Un Gobierno estable

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, trató de deslindar ayer la acción del Ejecutivo de las denuncias sobre la contabilidad interna del Partido Popular. Es un ejercicio difícil, pero necesario, sobre todo, cuando desde los partidos de la oposición se insiste en disparar por elevación contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la intención, nada oculta por otra parte, de forzar un adelanto electoral que consideran promisorio para sus intereses. Sáenz de Santamaría tuvo que recordar lo evidente: que el Ejecutivo goza de la estabilidad que le proporciona su actual mayoría parlamentaria. Habría que añadir, además, que abrir una crisis política en estos momentos, cuando desde La Moncloa se impulsa uno de los programas de reforma del Estado más ambiciosos de las últimas décadas, caballo de batalla contra la crisis económica, supondría un grave perjuicio para el conjunto de España por más que favoreciera otros intereses partidarios. Sólo la perseverancia en la actual acción de Gobierno puede reconducir la situación, cuyos primeros signos positivos, aún débiles, comienzan a vislumbrarse. Lo contrario, sería tirar por la borda el largo año de esfuerzos y sacrificios que han tenido que afrontar los españoles. Dicho esto, es evidente que el partido que sostiene al Gobierno no puede permanecer continuamente bajo sospecha de corrupción, por muy confusos que sean los indicios en que se amparan las denuncias. Por ello, y sin quitar un ápice de relevancia a la prevista intervención de Mariano Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, que hoy se reúne en Madrid y en el que se tratará la cuestión, es preciso insistir en la estrategia seguida por los populares: llevar a cabo una investigación interna que termine de clarificar la contabilidad interna, de hecho, ya auditada por el Tribunal de Cuentas, y colaborar con las investigaciones judiciales en marcha. De sus resultados deberá desprenderse la honorabilidad de los dirigentes del Partido Popular. En este sentido, sería conveniente que el sistema judicial recortara en lo posible sus generosos plazos de instrucción, que, a veces, se miden en lustros y que provocan en los ciudadanos una sensación de impunidad. A medio plazo, sin embargo, hay que establecer nuevos mecanismos legales de lucha contra la corrupción. Ayer, la vicepresidenta del Gobierno puso sobre la mesa la futura Ley de Transparencia, ya muy avanzada y a expensas de un más que deseable acuerdo con el resto de las formaciones políticas, y recordó que el informe que el Ejecutivo ha encargado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales está muy avanzado y es un texto muy riguroso, con medidas concretas, tanto de ámbito administrativo como penal.