Un impuestazo que lastra el futuro

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La mayoría de los expertos coinciden al señalar que, llegados a un punto, el aumento de la presión fiscal provoca el efecto contrario al deseado, es decir, una disminución de los ingresos del Estado debido a la erosión del Producto Interno Bruto. Las series históricas, que hoy publica LA RAZÓN, reflejan con exactitud ese axioma económico, como se demuestra al comparar los años de bonanza de la «burbuja inmobiliaria», cuando Hacienda, en 2007, llegó a ingresar de media hasta 11.207 euros de impuestos por cada ciudadano español, y los años de la crisis, cuando, pese a la mayor presión fiscal, en 2012 se rebajó la cifra a 8.579 euros de media por español. El hecho, sin embargo, es que los ingresos públicos venían recuperándose –se alcanzaron los 9.598 euros de media en 2017– merced al mayor empuje de la economía productiva, a las buenas condiciones internacionales, con sucesivas marcas del sector exterior, y a la recuperación del consumo interno, factores que se tradujeron en la recuperación del mercado de trabajo. Todo ello, además, en un escenario de control del gasto, auspiciado por la Unión Europea, que debería habernos conducido a un superávit público para 2021. Pues bien, y en la ya larga tradición de los gobiernos socialistas, el actual Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha anunciado su propósito de elevar el gasto público para los dos próximos años en una cuantía cercana a los 25.000 millones de euros, mediante el recurso habitual de incrementar la presión fiscal, por un lado, y recurrir al endeudamiento, por otro. Son las mismas fórmulas de siempre, pero aplicadas en un contexto muy delicado de la economía mundial, con lo que incrementa el riesgo de provocar una crisis de graves consecuencias. En efecto, y sin querer llevar a cabo un juicio de intenciones, la mayor disponibilidad inmediata de fondos públicos favorece la labor del Gobierno y, en teoría, favorece las magras expectativas electorales del partido que lo sustenta. El problema, sin embargo, es que puede frenar la actividad productiva, retraer el consumo interno, reducir nuestros niveles de competitividad y acabar con las expectativas de mejora del mercado laboral. Podría aducirse que el actual modelo económico español no es el mismo que el de antes de la crisis, ése que se convertía en una máquina de destrucción de empleo en cuanto cambiaban las circunstancias, pero habría que advertir de que el modelo impositivo que plantea el Gobierno de Sánchez incide fundamentalmente en unas clases medias que apenas se están recuperando de las pérdidas sufridas, en un sistema bancario que aún está digiriendo el estallido de la burbuja inmobiliaria y en un sector empresarial que ya soporta una carga fiscal de las mayores de la UE. Porque, no nos engañemos, no va a ser Google quien pague los impuestos que deben cubrir los nuevos gastos ministeriales ni van a ser las «grandes fortunas» o los bancos quienes solucionen la recaudación. Al contrario, el peso recaerá, como siempre, sobre los trabajadores medios –que ya pagan el 45 por ciento de sus ingresos a las arcas públicas– y sobre unas empresas que sólo pueden repercutir en los precios y en los salarios el incremento de la fiscalidad. Por no hablar de la batería de nuevos impuestos verdes o tecnológicos, que trasladarán su impacto al coste de la vida, con el problema añadido de que se pretende mantener la indexación de salarios y pensiones de acuerdo al IPC. Nos faltan en el cuadro, sombrío ciertamente, aquellos elementos imprevisibles que pueden alterar gravemente cualquier predicción. No nos referimos al incremento de las tasas de interés, ya anunciadas por el BCE, que encarecerá el crédito, sino a la guerra arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que, junto al desarrollo final del Brexit, es una auténtica bomba de tiempo económica.