Una amenaza más grave que el golpe del 23-F

La administración separatista ha demostrado con creces que es una amenaza cierta para la convivencia y la libertad de los ciudadanos de Cataluña. Más allá de las palabras, sus hechos, los aprobados en el Parlament, han constituido por sí mismos una grosera exhibición que podría firmar la Cámara legislativa de cualquier régimen autoritario. Donde unos atropellan las normas y los procedimientos, incluidos los propios, el Estado ha respondido con el imperio de la Ley, que es la mayor garantía y el principal sostén de la democracia. Ayer, dos nuevos recursos contra iniciativas golpistas fueron admitidos por el Tribunal Constitucional. El supremo intérprete de la Constitución suspendió la ley de Transitoriedad catalana, un auténtico reglamento para la ruptura, y la de la Hacienda catalana. Como es habitual, el gobierno independentista proclamó de nuevo que desobedecerá el fallo. Habrá que ver hasta dónde están dispuestos a llevar su rebeldía de tintes revolucionarios, pero, más allá de lo que cualquier sedicioso intente perpetrar, lo fundamental será la réplica de los demócratas. En ese sentido, nos parece relevante y significativo las consideraciones del Gobierno en su recurso contra la ley de Transitoriedad, a la que considera la mayor amenaza contra las bases sobre las que se asienta la convivencia en España desde 1978 y el «mayor ataque concebible» a los valores democráticos. Recordar que este país se sobrepuso, por ejemplo, al golpe de Estado del 23-F demuestra que el Ejecutivo es consciente de lo que está juego y de cómo actuar.