Una coartada supremacista para matar

No hay nada que más desee un asesino que tener una coartada política para matar. Si además de la demencia propia que se le presupone a quien descarga una ametralladora contra una masa de personas inofensivas se le añade una coartada en la que apoyarse y encontrar algo de comprensión para cometer el crimen, se estaría abriendo la puerta al relato justificatorio que buscan todos los que alientan las conspiraciones más paranoicas. El tiroteo en un centro comercial de El Paso, en Texas, que linda con Ciudad Juárez, México, que ha dejado una veintena de muertos y decenas de heridos, sería un caso más entre los habituales ataques indiscriminados que suceden en Estados Unidos de no ser por la aparición de un nuevo factor: la elección de la comunidad hispana como objetivo. Hablar de «terrorismo supremacista» porque el asesino elige a su víctima por su origen, religión o por despreciarle por sus infrahumanas condiciones de vida es demasiado impreciso cuando se trata directamente de la elección a una comunidad que ahora está en centro del debate político en Estados Unidos. El autor de la masacre publicó poco antes del atentado un manifiesto en el que afirmaba que estaba defendiendo a su país «del reemplazo cultural y étnico producto de la invasión» y que «los hispanos tomarán el control de los gobiernos locales y estatal de mi amado Texas». De confirmarse que su atentado se produjo como reacción a lo que él considera una «invasión» de hispanos, Estados Unidos tendría un problema añadido al que de por sí supone los ataques con armas de fuego contra la población. Patrick Crusius, blanco, de 21 años –edad suficiente para comprar un fusil automático– podría atribuírsele la condición de «supremacista», incluso haber votado a Trump, pero hay que evitar dar el triple salto mortal demagógico de culpar al presidente de EE UU de ser el causante de esta matanza. Otra cosa es que la crisis migratoria y las políticas de los republicanos al respecto hayan situado en el centro del debate político esta cuestión. Beto O’Rourke, uno de los candidatos demócratas presidenciales, acusó directamente al Trump: «Es racista. Está avivando el racismo en este país y esto cambia el carácter del país y conduce a la violencia». Ningún político en EE UU puede eludir su responsabilidad cuando se produce una matanza en un colegio, en un centro comercial o cualquier otro espacio público. Que para acceder a una escuela los niños tengan que pasar por un arco de detección de metales muestra el inmenso fracaso al que ha llevado una política permisiva sin límite sobre el uso de armas. Que en lo que va de año se hayan producido 250 ataques con armas de fuego, que a su vez ha causado unas 250 muertes, da la medida del verdadero problema. En 2009, el Servicio de Estudios del Congreso cifró en 310 millones el número de armas en posesión de la población civil, un dato –el de más revólveres y rifles que habitantes– que persiste. Según el Departamento de Justicia de EEUU, en 2013 –último año en el que hay datos oficiales– se vendieron 16,3 millones de armas de fuego: 44.889 armas al día. Ese es el verdadero problema al que tanto Trump –por considerar intocable la segunda enmienda de la Constitución que protege el derecho a usar armas–, como antes Obama, por no aplicar las medidas ejecutivas que anunció si el Congreso no tomaba cartas en el asunto y legislaba medidas de regulación para evitar lo que nadie puede negar: en EEUU mueren 30.000 personas anualmente por incidentes con armas. El elemento distorsionador es el avance de los crímenes de odio, de lo que ha alertado el FBI, un 17 por ciento más en 2017, muy en contra de lo que cree Trump. Las armas del odio las cargan los hombres y las ideologías.