Una cuestión de humanidad

Nuestro país dio ayer un paso adelante junto a otros cinco naciones de la Unión Europea (UE): Francia, Alemania, Rumanía, Portugal y Luxemburgo, para acoger a los 147 migrantes que llevaban dos semanas buscando un puerto seguro a bordo del barco español de la ONG Open Arms. El compromiso de Pedro Sánchez ante el Gobierno que preside Giuseppe Conte contribuyó a que éste aceptara el atraque de la embarcación en la isla de Lampedusa, una vez que un juez italiano dejara sin efecto el «decreto Salvini» antiinmigración. Es la segunda vez en apenas un año que España da la cara en la crisis humanitaria que tiene lugar ante nuestros ojos en el Mediterráneo, donde solo en 2018 se ahogaron 2.262 personas tratando de alcanzar suelo europeo. El 16 de junio del año pasado, 629 migrantes fueron recibidos en el puerto de Valencia después de que ningún socio comunitario quisiera hacerse cargo de ellos tras un rescate in extremis.

Es cierto que muchos de estos migrantes acuden en busca de un futuro mejor desde el punto de vista económico, y que otros tantos escapan de situaciones de guerra y persecución en las que está en juego su supervivencia, pero de lo que no hay duda es de que todos ellos lo hacen con el objetivo, legítimo como pocos en este mundo, de mejorar su vida y la de sus familias. Dicho esto, a nadie se le escapa que la inmigración, tan necesaria por otra parte en la envejecida Europa, ha de ser un proceso regulado y con sentido, sostenible, con garantías para los que llegan y para los que ya estamos aquí. Si no, corremos el enorme riesgo, tal y como hemos visto en países como Italia, de dar alas a movimientos populistas que aprovechan la coyuntura social para ganar réditos políticos. Sin embargo, esto no es incompatible con la asistencia humanitaria de los que naufragan en el intento. La UE tiene una responsabilidad política en la regulación de los procesos migratorios y la obligación de acordar acciones y marcos normativos comunes, pero también ha de respetar los acuerdos internacionales de los que es signataria, los mismos que el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, trata de saltarse a la torera en gran parte debido a sus intereses electorales. La obligación de asistencia a personas que se encuentran en peligro en el mar nos concierne a todos. Y los hechos se están empeñando en demostrar que la merma de la misión militar marina de la UE en el Mediterráneo, la Operación Sofía, fue una pésima idea. Uno de sus principales detractores fue, por cierto, el propio Salvini, artífice del veto italiano que condenó la misión a finales de marzo a una presencia testimonial aérea, ya que requería unanimidad entre los miembros. Dejar en manos de patrulleras libias el rescate de estos migrantes suena casi como una broma. Libia es un estado fallido en toda regla donde las organizaciones humanitarias han constatado y documentado las violaciones, palizas y torturas a los migrantes subsaharianos que logran penetrar sus fronteras, muchas veces después de meses de travesía por el desierto. No debe ser competencia exclusiva de las ONG monitorizar la ayuda en alta mar, ni luchar contra las mafias que, sin duda, están haciendo su agosto con el tráfico de seres humanos, ni tampoco fomentar el desarrollo en los países de origen de los ilegales, verdadera piedra de toque de la crisis a la que asistimos. Es Europa, esa que queremos refundar y en la que aspiramos a reconocernos de nuevo, la que se tiene que personar y ponerse manos a la obra para afrontar un drama que no va a dejar de llamar a nuestra puerta nunca. Más que una cuestión humanitaria, se trata de una cuestión de humanidad.